El Congreso de El Salvador prorrogó por un mes el estado de excepción declarado en marzo de 2022 para dar batalla a las pandillas criminales que desde hace décadas asolaban al país, una política controvertida del presidente Nayib Bukele que logró mejorar la situación de seguridad en las calles, pero al costo de suprimir garantías constitucionales.
"Queda aprobada la solicitud (del Gobierno) en el sentido que se prorroga por 30 días más el régimen de excepción", dijo a última hora de ayer el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
La prórroga del régimen, que permite arrestos sin orden judicial, fue aprobada con los votos de 66 diputados aliados del Gobierno, con seis votos en contra y cinco abstenciones.
El decreto aprobado señala que el régimen se prorrogó debido a que "persiste la amenaza" de pandilleros que aún operan en libertad.
"La continuidad de las medidas extraordinarias siguen siendo las necesarias para brindar seguridad", dice el decreto.
La prórroga estará vigente hasta al 11 de enero de 2024. El actual régimen rige hasta el 12 de diciembre.
En marzo de 2022, en respuesta a una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana atribuido a las pandillas, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lanzó una "guerra" contra esas bandas al amparo del régimen de excepción, que es cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
La medida ha llevado al arresto de más de 74.000 presuntos pandilleros detenidos, pero más de 7.000 inocentes han sido liberados, según el Gobierno.
La "guerra" ha devuelto la tranquilidad a las calles del país y el 90% de los salvadoreños apoya la gestión de Bukele, según encuestas.
Favorecido por su alta popularidad, Bukele tomó licencia para buscar la reelección en febrero, aunque la oposición asegura que su candidatura es "inconstitucional". Dejó como presidenta provisional a Claudia Rodríguez de Guevara, una colaboradora de confianza desconocida para sus compatriotas.
Amnistía Internacional denunció esta semana un "preocupante" deterioro de los derechos humanos en el país centroamericano bajo el régimen de excepción.
"La violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas", dijo la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.
"La gente tiene miedo a denunciar las graves violaciones cometidas en el régimen, por ello es muy difícil conocer la verdadera dimensión", indicó por su parte la abogada Ruth López, de la ONG Cristosal. (Télam)
