El Parlamento de Ecuador reanudará mañana el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, más de medio año después de que quedara paralizado debido a que activó la figura constitucional de la "muerte cruzada", que implicó disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, convocó ayer a los 137 legisladores a aplicar el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, retomar el debate previo a una resolución, informó el portal Primicias.
De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el exmandatario "ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra", menos de una semana después de que haya dejado el poder tras el triunfo de Daniel Noboa en las elecciones anticipadas, detalló la agencia Europa Press.
Este nuevo Parlamento está compuesto por 93 legisladores que no estuvieron en el anterior proceso, ya que fuero elegidos en los últimos comicios, y, por tanto, desconocen el expediente y las pruebas que se presentaron.
El debate se retomará con los asambleístas que pidieron intervenir en mayo, pero que no pudieron por el cierre del Parlamento.
A inicios de mayo el Parlamento había aprobado el proceso por una amplia mayoría con 88 votos de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional presentes en la sesión.
La oposición, que entonces era mayoría pero estaba fragmentada, buscaba la destitución de Lasso.
La solicitud votada en aquel entonces era la de "enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la infracción constitucional de peculado".
El juicio político se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de los contratos firmados para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas.
Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado -entidad fiscalizadora-, el mandatario no suspendió el acuerdo.
Al día siguiente de iniciado el juicio, Lasso invocó la denominada "muerte cruzada" para disolver el Congreso y llamar a elecciones anticipadas.
El Congreso podría ahora censurar al exmandatario y como consecuencia se suspenderían sus derechos políticos.
Por su parte, la defensa del presidente alega que el contrato en cuestión, que sigue vigente, fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.
Lasso sostiene que no hay pruebas contra él y que se trata de una campaña en su contra con fines políticos.
Además, la comisión de Fiscalización había recibido un informe confeccionado por otra comisión compuesta por asesores de los legisladores y que concluyó que el mandatario no cometió ningún delito. (Télam)
