El Gobierno de Nicaragua canceló hoy la personería jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales, incluidas 10 que habían pedido voluntariamente su disolución.

El cierre de estas 15 ONG fue aprobado por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Según el Ministerio de Gobernación, fueron ilegalizadas cinco ONG por incumplimiento a las leyes que las regulan: Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), Asociación Ministerio Evangelístico Sanidad, Liberación, Poder y Gloria Isaías 54:17 (MESLUPG), Asociación Ministerio Restauración Libertando a los Cautivos (AMRLAC), Asociación de Iglesia Cristiana Monte de Sion en Nicaragua (AICMNIC y la Asociación Ministerio Evangelístico Poder de Dios Pentecostés.

El Ejecutivo argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

Otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, que atendía a adolescentes embarazadas.

El listado incluye a la Asociación Congregación Hermanas Nuestra Señora Perpetuo Socorro (HNSPS), Fundación Manos de Amor(FUNAMOR), Fundación Destrezas para Salvar Vidas (FUDESAV), y Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo en Nicaragua (ADIPROCNIC).

Además, ya no tienen personería la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social (FNIESS), Asociación Ministerio Evangelístico Infantil Sonrisita de Jesús, Fundación Nicaragüense para Defensa del Medio Ambiente y Protección de los Recursos Naturales (FUNDENATURA), Asociación para el Desarrollo Municipal Gregorio Aguilar Barea (ASDEMU-GAB) y Ausburg College.

Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Sobre el patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria, reseñó el sitio 100Noticias.

Diputados oficialistas, entre ellos Filiberto Rodríguez, dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones del 2018.

Aquellas manifestaciones dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Managua fue sancionada por la OEA -organismo que ya abandonó-, EEUU y la Unión Europea. (Télam)