Petro niega que comandante del Ejercito supiera sobre supuesto plan del ELN para matar a fiscal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nego hoy que el comandante del Ejercito, el general Luis Mauricio Ospina, haya ocultado informacion sobre un supuesto plan del Ejercito de Liberacion Nacional para atentar contra el fiscal general,

Mundo16 de agosto de 2023 Agencia Télam
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó hoy que el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, haya ocultado información sobre un supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa, luego de que la Procuraduría General abriera una indagación preliminar al comandante.
Ospina "ha sido llamado a declarar bajo gravedad de juramento sobre si ocultó información ante un posible atentado al fiscal general de la nación y otras personas. Según mi investigación interna y como comandante de las fuerzas militares de Colombia, debo decir que no fue así", publicó Petro en la red social X, exTwitter.
"La información de inteligencia que le entregan al fiscal general no llegó al conducto regular: la comandancia del Ejército ni al Presidente. Tanto fiscalía como inteligencia deben establecer la veracidad de la fuente", denunció el mandatario colombiano.
"Como medida de prevención desde el momento en que fuimos enterados por el fiscal general ordené al general Ospina fortalecer la seguridad del exgeneral Zapateiro y a la policía nacional, la seguridad del fiscal general de la nación y la de las demás personas amenazadas", zanjó Petro.
El sábado pasado, tras la denuncia de la Fiscalía General de la Nación de un supuesto plan armado en Venezuela del ELN para asesinar a Barbosa, el fiscal se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y las cúpulas militar y policial, para corroborar la información.
Tras el encuentro, Velásquez expresó su solidaridad con el fiscal y aseguró que el Gobierno nacional lo respalda. “Le expresamos al señor fiscal la reafirmación de la voluntad del Gobierno nacional por dar toda la protección requerida”, manifestó el sábado.
Ayer, Barbosa se reunió en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Huanos (CIDH) “medidas cautelares” de protección para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones hasta que termine su período en febrero de 2024.
“Me reuní con Barbosa, quien compartió su apoyo al proceso de paz en Colombia, los trabajos realizados al respecto, así como el apoyo a las iniciativas del presidente Gustavo Petro en la Fiscalía relacionadas con el proceso de negociación con el ELN”, relató ayer Almagro en X.
Por esa denuncia, Barbosa se vio con Petro, quien le dio todas las garantías en materia de seguridad e impulsó una investigación sobre el punto.
Según la televisión colombiana NTN24, el fiscal reveló ayer que para el martes 22 será citado Ospina para que “explique a la autoridad judicial las circunstancias de tiempo, lugar y modo” en que se conocieron los detalles del presunto plan de la insurgencia.
El fiscal es un fuerte crítico de la política de paz del Ejecutivo y cuestionó en varias oportunidades las decisiones de Petro, aunque levantó las órdenes de captura contra jefes guerrilleros cada vez que el Gobierno lo pidió.
La guerrilla desmintió que tuviera planeado matar a Barbosa y dos días después de la denuncia, Venezuela ordenó investigarla, aunque puso en duda su veracidad.
Esto se produce después de que el lunes iniciara la cuarta ronda de negociaciones en Venezuela entre las delegaciones del gobierno de Petro y la del ELN, en medio del cese del fuego bilateral por 180 días acordado en junio pasado.
En esta etapa del proceso, las delegaciones de la guerrilla y del Gobierno examinarán el tema de víctimas y el fin del conflicto en base a la justicia, verdad, reparación integral y la no repetición y el no olvido.
También identificarán un modelo que le permita al ELN renunciar a las armas y evaluarán el cese al fuego iniciado a principios de agosto, así como el comienzo de la participación ciudadana, para garantizar la inclusión de la sociedad civil en el proceso de paz.
Este proceso transcurre tras la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su momento considerada la guerrilla más grande del mundo. (Télam)
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