Grupo La Provincia entrevistó de forma exclusiva al intendente de Salliqueló. En la segunda parte de la charla, Jorge Hernández habló sobre el proyecto que tiene como fin poder derivar a pacientes a Trenque Lauquen.
Jefes comunales de la cuarta y sexta sección de distintos partidos políticos se comprometieron a avanzar hacia un modelo de gobernanza territorial acorde a los tiempos, donde la distancia física no sea desventaja política.
“Este programa estaba desde gestiones anteriores y creo que es beneficioso desde el aspecto social porque brinda contención a un importante grupo de jóvenes de nuestra ciudad”, manifestó el jefe comunal.
El jefe comunal firmó un contrato con el Instituto de la Vivienda de la Provincia. Además, adquirió importante maquinaria para la realización de obras.
La oposición viene reclamando que se deje sin efecto la ordenanza del Ejecutivo municipal –que encabeza el intendente Jorge Hernández- que prorroga por dos años el retiro de depósitos de agroquímicos de la planta urbana de Salliqueló.
Remarcan la falta de visión de la gestión encabezada por el jefe comunal, Jorge Hernández, en esa materia. Aseguran que en el distrito existe una demanda de más de 500 familias que necesitan una vivienda o un terreno.
Por ejemplo, remarcan que “el parque industrial -que viene siendo promesa de campaña de hace muchos años- no tiene el servicio esencial de la energía”. Los detalles.
Mediante la ordenanza 1834/18, el Ejecutivo de Salliqueló otorgó una prórroga de 24 meses para el retiro de depósitos de agroquímicos de la planta urbana.
El Xeneize recibirá el martes al Tricolor paulista por la ida de los cuartos de final. El historial favorece por poco al conjunto argentino, que busca un récord inédito en el torneo, mientras el equipo brasileño llega sin derrotas en la competencia.
La AFA autorizó un cupo extraordinario por la lesión de Giorgio Costantini. El Millonario analiza sumar un décimo refuerzo, pero las distancias económicas y la posible salida de uno de sus defensores condicionan la operación.
La reforma reemplazó el sistema vigente desde 1980 y amplió la responsabilidad penal a adolescentes de 14 y 15 años. No todo implica cárcel: hay mediación, tareas comunitarias y otras sanciones. El despliegue de recursos, personal especializado y dispositivos de alojamiento aparece como uno de los principales desafíos.