Sobreseen a Mariotto y Pino Solanas en causa por supuestas irregularidades en subsidios al cine
El juez federal Claudio Bonadio sobreseyó hoy al ex presidente del Afsca y ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, y al cineasta y diputado electo Fernando "Pino" Solanas en el marco de la causa en la que se investigan supuestas
El juez federal Claudio Bonadio sobreseyó hoy al ex presidente del Afsca y ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, y al cineasta y diputado electo Fernando "Pino" Solanas en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la entrega de subidos por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
Los sobreseimientos alcanzaron también al actor Víctor Laplace, y una larga lista de directores y productores de cine, rectores de universidades, dirigentes políticos y ex funcionarios como ex titular del ADI Víctor Ramos, según informaron fuentes judiciales.
El juez dictó los sobreseimientos tras realizar peritajes sobre distintas producciones audiovisuales entre las que se encuentran "El Antisemitismo en tiempos del Proceso Militar", "Angellelli, La palabra viva" y "AMIA 18 J".
La mayoría de los sobreseídos formaban parte de los imputados a los que el juez les había dictado la "falta de mérito" el día que procesó a tres ex funcionarios que presidieron el instituto del cine, Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure.
Los tres habían sido procesados en abril del año pasado –y permanecen en esa condición- por la supuesta comisión del delito de "defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta".
"Se les atribuyó el haber participado de la maniobra por la cual se perjudicaron las arcas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) en su calidad de presidente de ese Instituto", había sostenido el juez en el fallo de 381 páginas al que accedió Télam.
El juez dijo haber comprobado que el perjuicio a las arcas públicas se produjo a través de convenios suscritos con productoras a las cuales el Incaa les realizó aportes dinerarios para la producción de proyectos cinematográficos/audiovisuales.
"Se verificó que a pesar de haber las productoras percibido las sumas aportadas por el Instituto, diversas irregularidades y/o incumplimientos afectaron y desnaturalizaron el convenio en diversos aspectos sin que hayan las autoridades del Instituto por su parte, comprobado la efectiva progresión de la obra", había señalado Bonadio.
El juez les achacó además a los ex funcionarios no haber "efectuado posteriormente acciones para recuperar lo que se determinó que fue indebidamente erogado por parte del Incaa, produciéndose en definitiva el daño patrimonial que aquí se imputa".
En aquel fallo el juez Bonadio ya había resuelto el sobreseimiento del ex ministro de Educación Daniel Filmus y a les había dictado la falta de mérito a Mariotto y a Solanas.
La causa se inició en el 2007 por una carta anónima que llegó a la Cámara Federal porteña advirtiendo por las supuestas arbitrariedades en el otorgamiento de un subsidio denominado 3J, para producciones audiovisuales.
En el expediente si investigaron irregularidades en la rendición de los contratos que firmaron las entonces autoridades del Incaa con organismos públicos, no gubernamentales y productoras privadas para otorgar subsidios, en una supuesta malversación calculada del orden de 50 millones de pesos en perjuicio del Estado Nacional.
(Télam)
Los sobreseimientos alcanzaron también al actor Víctor Laplace, y una larga lista de directores y productores de cine, rectores de universidades, dirigentes políticos y ex funcionarios como ex titular del ADI Víctor Ramos, según informaron fuentes judiciales.
El juez dictó los sobreseimientos tras realizar peritajes sobre distintas producciones audiovisuales entre las que se encuentran "El Antisemitismo en tiempos del Proceso Militar", "Angellelli, La palabra viva" y "AMIA 18 J".
La mayoría de los sobreseídos formaban parte de los imputados a los que el juez les había dictado la "falta de mérito" el día que procesó a tres ex funcionarios que presidieron el instituto del cine, Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure.
Los tres habían sido procesados en abril del año pasado –y permanecen en esa condición- por la supuesta comisión del delito de "defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta".
"Se les atribuyó el haber participado de la maniobra por la cual se perjudicaron las arcas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) en su calidad de presidente de ese Instituto", había sostenido el juez en el fallo de 381 páginas al que accedió Télam.
El juez dijo haber comprobado que el perjuicio a las arcas públicas se produjo a través de convenios suscritos con productoras a las cuales el Incaa les realizó aportes dinerarios para la producción de proyectos cinematográficos/audiovisuales.
"Se verificó que a pesar de haber las productoras percibido las sumas aportadas por el Instituto, diversas irregularidades y/o incumplimientos afectaron y desnaturalizaron el convenio en diversos aspectos sin que hayan las autoridades del Instituto por su parte, comprobado la efectiva progresión de la obra", había señalado Bonadio.
El juez les achacó además a los ex funcionarios no haber "efectuado posteriormente acciones para recuperar lo que se determinó que fue indebidamente erogado por parte del Incaa, produciéndose en definitiva el daño patrimonial que aquí se imputa".
En aquel fallo el juez Bonadio ya había resuelto el sobreseimiento del ex ministro de Educación Daniel Filmus y a les había dictado la falta de mérito a Mariotto y a Solanas.
La causa se inició en el 2007 por una carta anónima que llegó a la Cámara Federal porteña advirtiendo por las supuestas arbitrariedades en el otorgamiento de un subsidio denominado 3J, para producciones audiovisuales.
En el expediente si investigaron irregularidades en la rendición de los contratos que firmaron las entonces autoridades del Incaa con organismos públicos, no gubernamentales y productoras privadas para otorgar subsidios, en una supuesta malversación calculada del orden de 50 millones de pesos en perjuicio del Estado Nacional.
(Télam)
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