El “festival de créditos” suma tensión política y ya tiene impacto en el Gabinete

La salida de un alto funcionario del Ministerio de Capital Humano volvió a encender la polémica por los créditos hipotecarios otorgados a dirigentes del oficialismo. En medio de denuncias judiciales y pedidos de informes en el Congreso, el caso expone tensiones internas y pone en cuestión el discurso de austeridad del gobierno de Javier Milei.

Pettovello pidió la renuncia tras el escándalo

La ministra Sandra Pettovello decidió apartar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que se conociera que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación por más de 400 millones de pesos. Aunque formalmente la salida fue presentada como una renuncia, en la práctica se trató de un pedido directo de la funcionaria para intentar contener el impacto político.

Massaccesi había asumido el cargo en agosto de 2024 y contaba con antecedentes en la Auditoría General de la Nación, además de vínculos con distintos sectores políticos, desde el PRO hasta espacios del radicalismo. Su nombre apareció en un relevamiento basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que permitió reconstruir la evolución de deudas de funcionarios públicos.

Según esas cifras, el exfuncionario había obtenido uno de los préstamos más altos dentro de una lista que incluye a dirigentes de distintas áreas del Estado. Fuentes cercanas señalaron que el crédito habría sido aprobado en función de sus ingresos —superiores a los 3 millones de pesos mensuales— y los de su pareja, también vinculada al sistema financiero.

Sin embargo, la rapidez con la que escaló la controversia precipitó su salida. En el Gobierno evitan hablar de irregularidades formales, pero admiten en privado que el costo político resultó insostenible.

Denuncias, sospechas y defensa oficial

El caso de Massaccesi no es aislado. La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta en la asignación de créditos del Banco Nación. El planteo se apoya en un conjunto de operaciones que, en total, superarían los 2.500 millones de pesos.

Entre los beneficiarios figuran funcionarios y legisladores oficialistas como Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira, además de los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde. Los montos individuales oscilan entre más de 100 millones y cerca de 400 millones de pesos.

Frade advirtió que los créditos otorgados “no se corresponderían con los ingresos ni la capacidad de repago” de los beneficiarios y planteó la posibilidad de una “colusión” entre quienes solicitan los préstamos y quienes los aprueban dentro del banco. En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó un pedido de informes para conocer en detalle las condiciones de otorgamiento.

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones. Bongiovanni aseguró que accedió a un crédito en condiciones generales y sostuvo: “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo”. En la misma línea, Campero calificó las críticas como “maliciosas” y vinculadas a una intencionalidad política.

El Banco Nación, por su parte, defendió su operatoria y aseguró que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”, destacando que concentra la mayoría de los créditos hipotecarios del país. No obstante, también reconoció la existencia de líneas específicas para empleados del sector público, con condiciones diferenciales.

Más nombres bajo la lupa

La controversia también alcanzó a la diputada Lorena Villaverde, quien obtuvo un crédito por 227 millones de pesos en enero de 2025. Según trascendió, su solicitud había sido inicialmente rechazada por una sucursal en Cipolletti, pero luego fue aprobada tras gestiones a nivel central.

Fuentes internas del banco deslizaron fuertes cuestionamientos sobre ese proceso, mientras que versiones sobre supuestas causas judiciales sumaron ruido al caso. En el Congreso, la propia Villaverde salió a defenderse: “Este papel que tengo en mis manos es el certificado de antecedentes penales emitido por la Justicia donde consta que no tengo causa judicial alguna. Tengo mis manos y mi conciencia bien limpias”.