Las telecomunicaciones ya no son servicio público

El Gobierno derogó el decreto que establecía a las telecomunicaciones como servicio público esencial, con el objetivo de “liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicio”, en referencia a la telefonía fija y móvil, internet fija y móvil y la televisión paga. 

El gobierno de Javier Milei derogó el Decreto Nº 690/20 -sancionado durante la pandemia por Covid-19- que regulaba los precios en los servicios de telefonía, internet y televisión por cable, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 302/2024. 

La medida, según especialistas en la materia consultados por Somos Télam, era “previsible”, al tiempo que significa un “retroceso brutal tanto en el sentido de justicia social”, advirtió Gustavo López, exvicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y uno de los impulsores y elaboradores del Decreto 690/20.

En diálogo con SomosTélam, López recordó que la medida se implementó en agosto de 2020 por el estado de emergencia sanitaria por la Covid-19.

“A partir de allí lo que hicimos fue congelar por única vez hasta diciembre los precios, y a partir de diciembre las empresas tenían que justificar los aumentos. La ley decía, antes de nuestra intervención, que el precio debía ser justo y razonable. Ante lo cual dijimos, para que el precio sea justo y razonable, que el Estado va a justificar o va a aprobar los aumentos de acuerdo a los costos que presenten las empresas”, se explayó.

No obstante, reconoció, “esto se aplicó hasta marzo del 2021, y en marzo las empresas comenzaron a presentar recursos de amparo, y los fueron consiguiendo para eludir el decreto”.

“En la actividad hay cerca de mil empresas. Las pymes y las cooperativas lo cumplían a rajatabla, las empresas grandes no. La diferencia es que cinco empresas grandes en internet tienen el 85% del mercado, o en la televisión por cable, y tres empresas tienen toda la telefonía celular. Cumplían solo los que tenían una parte pequeña del mercado”, aseveró.

El decreto publicado este miércoles, que además modifica la Ley Argentina Digital Nº 27.078, tiene como objetivos fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país.

En este sentido, los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tendrán la libertad de fijar precios, en lo que se entiende como un estímulo de la competencia en el sector, con miras a promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

La publicación señala que “el Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros” decretó la sustitución del artículo 48 de la Ley Argentina Digital Nº 27.078 y sus modificatorias por el siguiente: ‘Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación’”.

No obstante, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

En sus argumentos, el Gobierno remarcó que “es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto Nº 690/20”.

López consideró que “era lógico que Milei avanzara con esto, que desregulara brutalmente el mercado y eso va de la mano con el cierre de todas las delegaciones del Enacom, echar a centenares de personas”.

“Mientras libera los precios, elimina la declaración de servicio público y deja esto abierto a empresas oligopólicas, le quita al Estado la capacidad de regulación, incluso en lo que la ley todavía regula”, remarcó el actual diputado nacional. 

En lo inmediato avizora que “los precios van a aumentar de acuerdo a lo que las empresas olfateen que pueden pagar a sus clientes”, puesto que “el servicio es esencial y nadie puede irse del servicio porque se necesita para todo”. 

Hoy en la Argentina “hay más líneas que cantidad de habitantes en la telefonía celular: 55 millones de líneas con 47 millones de personas”, graficó López.

Si bien “la gente no se va a ir del servicio, no va a dejar de tener celular porque lo necesita para lo que sea, va a bajar la calidad, van a cambiar de plan y las empresas se van a garantizar mantener cautiva a la gente y el gran negocio será el segmento de más arriba”, continuó.

La otra consecuencia que puede tener esta medida, señaló López, “es el perjuicio para las empresas chicas por la no intervención del Estado en el conflicto de intereses entre empresas grandes y empresas chicas”, sobre lo cual abundó: “En general, las pymes, las cooperativas, necesitan engancharse de las redes troncales y necesitan negociar precios con las grandes y esto los puede perjudicar total y absolutamente”.

Por último, López lamentó la derogación del DNU 690 porque fue “una de las mejores cosas que hizo el Gobierno anterior en el sentido progresista y en el sentido de justicia social”.

“Todo el planeta se está dirigiendo hacia una política regulatoria de precios declarando servicios públicos a las telecomunicaciones, y esto es un retroceso brutal”, puntualizó.

En esta línea, concluyó: “En un Gobierno que elimina al Estado, que no le importa qué le pase a la gente y que gobierna para los grandes grupos económicos, sabíamos que esto iba a venir. Lamentablemente esto va a traer perjuicios para el usuario y el consumidor porque no van a tener quien los defienda”.

Por su parte, Natalia Vinelli, exsubdirectora de Proyectos Especiales del Enacom, manifestó que esta medida “beneficia directamente a las empresas de telecomunicaciones, que ya habían frenado la aplicación de ese decreto mediante cautelares que obtuvieron en la Justicia”.

Con lo cual, este nuevo decreto lo que hace es liberar los precios de los servicios de TIC y vuelve a circunscribirlos a la condición de servicio básico en lugar de público, como así también la condición de servicio en competencia para la prestación del servicio de internet, amplió Vinelli en diálogo con SomosTélam.

Asimismo, recalcó que “esto muestra que las políticas impulsadas mediante decretos quedan servidas en bandeja para ser derribadas por gobiernos de signo contrario, y por el otro lado que hace falta voluntad política para llevar adelante las medidas para que sean efectivas y no tengan vuelta atrás”.

Martín Becerra, Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet especialista en TIC, sostuvo que la medida era “previsible” ya que “por un lado, el de Milei es un gobierno contrario a cualquier tipo de control de abuso de precios, y por otro lado el DNU 690/20 fue una medida fallida, dado que sólo estuvo en vigencia pocos meses antes de que, a partir de febrero de 2021, una serie de medidas cautelares solicitadas por los operadores de comunicaciones anulara los efectos del decreto que había firmado Alberto Fernández en agosto de 2020”.

“En los hechos, el mercado de telecomunicaciones y TIC funciona con precios liberados y aumentos sostenidos y periódicos desde 2021, como lo comprueban en sus facturas todos los argentinos mes a mes”, contempló Becerra.

Empresas y cooperativas

Mientras que Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), sostuvo que “la derogación del Decreto 690 es una medida que hay que festejar”.

“Nos saca de una situación de incomodidad que tenía toda la industria, si bien había varias cautelares y procesos que estaban liberando la situación de los ajustes de precios, define claramente que solamente el servicio básico telefónico es servicio público y los demás dejan de ser servicio público, cosa que desde la Cámara habíamos solicitado y habíamos marcado como uno de los principales errores que tenía el Decreto 690”, indicó Graizer a SomosTélam.

De esta manera, dijo el titular de Cabase, “esto va a dinamizar un poco más a la industria y va a permitir tener un panorama hacia adelante mejor y con mayor libertad”.

“Si bien no creo que los precios aumenten porque la competencia efectiva está en casi todas las localidades del país, por ahí en algún lugar concreto se puedan ajustar algunas variables, pero la discusión más importante tiene que ver con el servicio público y no con otras cosas”, puntualizó.

También Antonio Roncoroni, presidente de Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Ltda. (Fecosur), dijo a SomosTélam que el decreto 690 “fue un error del anterior gobierno porque no dio ninguno de los resultados”, por lo cual se mostró “absolutamente a favor de su derogación”.

Si bien consideró que la derogación del 690 es un “paso hacia adelante”, Roncoroni aclaró que eso “no quiere decir que es una condición necesaria pero no suficiente para todo lo que necesita la industria” de las telecomunicaciones.

Por el lado de las empresas, fuentes de Movistar subrayaron que “la derogación del decreto 690 pone punto final a uno de los obstáculos más severos que sufrió la industria en los últimos cuatro años”, de manera que -añadieron- “el Gobierno ha dado un primer gran paso para el crecimiento y desarrollo del sector que redundará en inversiones en beneficio de los clientes”.

A su vez, indicaron: “Confiamos en que la autoridad avance en un plan de reformas regulatorias que actualice las reglas a la realidad de la dinámica de la tecnología y de la conectividad, que aliente al crecimiento de la industria favoreciendo mayores oportunidades de inversión, competencia sana, desarrollo al ecosistema y sostenibilidad de las empresas”.

“Dándose estas condiciones, una vez más será el país y los argentinos quienes se verán beneficiados y desde Movistar estamos a disposición para contribuir en la construcción de este camino aportando visión, experiencia, recursos y compromiso”, concluyeron.

Consultados por SomosTelam desde la firma Claro indicaron que la derogación es una “decisión correcta” y precisaron: “ El DNU 690 se encontraba en la práctica inaplicable por múltiples acciones judiciales, pero era necesaria su derogación para posibilitar así un nuevo marco de reglas que alienten el desarrollo de inversiones y mejoras de servicios de conectividad en el país”. 

También indicaron que “las acciones que se están llevando adelante para la estabilización de la macroeconomía es la otra contribución que es indispensable para potenciar la industria de las comunicaciones en plena competencia”. (ST)