Milei vuelve a acuñar el término "Día de la Raza"
La eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas genera preocupación. ¿Qué significa esto para los derechos indígenas en Argentina?
El 12 de octubre, el Gobierno argentino ha decidido renombrar nuevamente esta fecha como "Día de la Raza". Este término, que fue sustituido en 2010 por el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", ha vuelto a cobrar fuerza en un posteo oficial desde la Casa Rosada. En el mensaje, se destaca la llegada de Cristóbal Colón a América, señalando este evento como un "hito que marcó el inicio de la civilización en el continente".
La celebración en redes sociales
A través de un video que utiliza imágenes de la película "1492: conquista del paraíso", el Gobierno resalta la llegada de Colón como un momento de progreso y civilización. "Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América", expresa la voz en off del material audiovisual.
Controversia y reacciones
Sin embargo, esta decisión ha generado un fuerte rechazo entre diversos sectores. El regreso del término "Día de la Raza" es visto como un desprecio hacia la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas.
Eliminación del registro indígena
Paralelamente, el Gobierno ha decidido eliminar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que estaba bajo la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que fue creado en 1995. Desde el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) se ha calificado esta medida como un "retroceso" en la lucha por los derechos indígenas.
Consecuencias de la eliminación
El CPAI recordó que esta decisión va en contra de los compromisos constitucionales asumidos en la reforma de 1994, que reconoció la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Sin este registro, advierten, su visibilidad en las políticas públicas nacionales se diluye, dejando sus derechos a merced de la voluntad política provincial.
Llamado a la acción
El CPAI enfatiza la necesidad de fortalecer los lazos entre la Nación y las provincias para consolidar políticas públicas específicas. Sin embargo, subrayan que derogar este registro atenta gravemente contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
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