Justicia ordena garantizar alimentos para sectores vulnerables
La Justicia ordenó al Gobierno reanudar programas alimentarios y asegurar asistencia a sectores vulnerables. Detalles de un fallo clave en Argentina.
La reciente sentencia del juez federal Walter Lara Correa obliga al Estado argentino a garantizar el suministro constante de alimentos a sectores vulnerables, en respuesta a un amparo impulsado por CELS y UTEP. El fallo establece la responsabilidad ineludible del Gobierno de brindar asistencia alimentaria sin retrocesos.
El fallo y su contexto
El juez Lara Correa, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, emitió una resolución de 129 páginas en la cual reafirma que el derecho a la alimentación debe ser garantizado de forma continua. La sentencia responde a una demanda de colectivos sociales en defensa de comedores y merenderos comunitarios que desde febrero no recibían asistencia.
Programas alimentarios y su continuidad
El fallo judicial exige que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, reanude programas alimentarios suspendidos y presente informes mensuales de su implementación. Además, se solicita actualizar el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM), asegurando que solo aquellos espacios comprobados reciban alimentos.
La posición del Ministerio de Capital Humano
Desde la asunción de Pettovello, el Ministerio prioriza la entrega directa de asistencia económica a sectores vulnerables, reduciendo la intermediación en políticas sociales. En este contexto, aumentaron las transferencias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, alcanzando a más de cuatro millones de niños. También se implementó una distribución de alimentos con enfoque federal, especialmente para escuelas vulnerables y emergencias.
Impacto del fallo y el rol de los derechos humanos
Este fallo establece un precedente en la protección del derecho a la alimentación, subrayando el compromiso del Estado argentino bajo marcos jurídicos nacionales e internacionales. Lara Correa enfatiza que estos programas deben ejecutarse sin retrocesos y que la intervención judicial se limita a garantizar el cumplimiento de estos derechos esenciales.
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