Reconocimiento facial: detalles del nuevo protocolo federal

El Ministerio de Seguridad aprobó oficialmente el Protocolo Unificado para el Reconocimiento y Comparación Facial, una medida clave para estandarizar los procedimientos técnicos de las fuerzas federales. Con esta iniciativa, el Gobierno busca garantizar la uniformidad en las investigaciones judiciales y operativas, optimizando el uso de tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial en el ámbito de la seguridad pública.

El nuevo protocolo: unificar criterios y mejorar la eficiencia

La Resolución 1234/2024, que entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, establece las bases para el uso sistematizado de herramientas de reconocimiento facial en la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. De acuerdo con lo informado, el protocolo busca garantizar la precisión y agilidad en la resolución de casos complejos, como los relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

“El reconocimiento y la comparación facial son herramientas fundamentales para combatir delitos complejos. Este protocolo marca un antes y un después en términos de precisión y agilidad en las investigaciones”, destacaron fuentes oficiales a NA.

La implementación del protocolo no requiere una erogación presupuestaria adicional, un factor clave considerando las restricciones fiscales actuales. Esto, según analistas, podría facilitar la adopción del protocolo entre las fuerzas de seguridad sin generar resistencias por cuestiones económicas.

Un proceso de profesionalización

El protocolo establece lineamientos claros sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial en las investigaciones, incluyendo directrices sobre cuándo y cómo actuar durante las tareas operativas. Enfatiza la necesidad de unificar los criterios entre los diferentes gabinetes técnico-científicos que conforman las fuerzas de seguridad. Se considera un avance significativo en la profesionalización de las agencias de seguridad, lo que permitiría un mayor grado de coordinación y eficacia en las tareas de prevención y resolución de delitos.

“Este protocolo conjuga saberes y profesionaliza la actuación de las agencias de seguridad, mejorando la defensa de la seguridad de la población”, agregaron desde el Ministerio de Seguridad.

Adopción en provincias y desafíos a superar

Aunque el protocolo es de aplicación obligatoria para las fuerzas federales, el Consejo de Seguridad Interior buscará que provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran a esta normativa. La implementación en jurisdicciones provinciales será crucial para consolidar una política de seguridad nacional coordinada y eficiente.

Sin embargo, expertos señalan que uno de los mayores desafíos de la implementación de este protocolo será la capacitación de las fuerzas en todo el país, especialmente en regiones con menos recursos. Además, la adopción tecnológica en todas las provincias podría no ser uniforme, lo que generaría disparidades en su aplicación.

“Es fundamental que este protocolo no quede solo en el papel, sino que se traduzca en una herramienta efectiva para mejorar la seguridad ciudadana”, explicaron especialistas.

Privacidad y derechos humanos: preocupaciones emergentes

El uso de tecnologías de reconocimiento facial no está exento de controversias, especialmente cuando se trata de privacidad y derechos humanos. Aunque el protocolo busca estandarizar el proceso y garantizar mayor eficiencia en las investigaciones, algunas organizaciones advierten que la protección de datos personales podría verse comprometida, lo que podría generar conflictos sobre el uso de estos datos en futuras investigaciones.

Si bien la resolución fue firmada por la ministra Patricia Bullrich y se basa en estándares internacionales, como los manuales de buenas prácticas del ENFSI y FISWG, la naturaleza reservada de algunos documentos vinculados al protocolo ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia.

“La privacidad es una preocupación central, especialmente en un contexto donde la protección de los derechos individuales es fundamental”, comentaron especialistas en derechos humanos.

Un futuro con retos y oportunidades

A medida que se implementa este protocolo unificado, será clave el seguimiento continuo y la supervisión para garantizar que el sistema no se utilice para vulnerar derechos civiles, sino exclusivamente con fines de seguridad.

El verdadero impacto del protocolo dependerá de su aplicación efectiva en el terreno, de la coordinación con otras jurisdicciones y de las medidas que se tomen para proteger los derechos de los ciudadanos mientras se mejora la seguridad pública.