ATE denuncia persecución tras despidos en el Registro Automotor
El Ministerio de Justicia anunció que despedirá con justa causa a los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que participaron de un paro en el Registro de la Propiedad Automotor. La medida, comunicada a través de redes sociales, generó una fuerte reacción por parte del gremio estatal, que calificó la decisión como un acto de autoritarismo y persecución sindical.
Desde el Ministerio, liderado por Mariano Cúneo Libarona, argumentaron que los despidos se deben a que los trabajadores “interrumpieron la prestación del servicio, paralizaron la sede central y provocaron pérdidas millonarias al Estado”. Además, calificaron las acciones sindicales como “ilegales y extorsivas”. En el comunicado oficial, publicado en la red social X, se enfatizó que “esta administración no permitirá la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector”.
Denuncias de ATE: "Pisotean la Constitución Nacional"
El sindicato, encabezado por Rodolfo Aguiar, repudió la decisión y aseguró que el paro fue una respuesta legítima a los despidos encubiertos y el maltrato laboral que sufren los trabajadores del Registro Automotor. Según el gremio, el Ministerio de Justicia intenta imponer “retiros voluntarios obligatorios” bajo la amenaza de dejar en disponibilidad a quienes no acepten estas condiciones.
En un comunicado titulado "Anuncian despidos y quieren prohibir hacer huelga", ATE negó que la medida de fuerza haya sido violenta o extorsiva. “El paro fue votado por unanimidad de todas y todos los trabajadores en defensa de sus derechos laborales”, subrayaron.
Aguiar también expresó su rechazo en redes sociales, donde acusó al ministro Cúneo Libarona y a Patricia Bullrich, titular de Seguridad, de “pisotear la Constitución Nacional”. “No podemos tolerar semejantes niveles de violencia y autoritarismo. Vamos a seguir confrontándolos y movilizándonos”, afirmó.
El trasfondo de los despidos y la huelga
El conflicto en el Registro Automotor se intensificó luego de que trabajadores denunciaran persecución laboral y hostigamiento. Según ATE, las autoridades intiman a los empleados a aceptar retiros voluntarios, condicionando su permanencia en sus cargos. De no aceptar, los afectados serían declarados en disponibilidad a partir de diciembre.
La situación escaló cuando el Ministerio de Justicia emitió un comunicado donde adelantó sanciones para quienes participen en futuras medidas de fuerza no autorizadas. “Los agentes que no se presenten a trabajar serán pasibles de las sanciones previstas en los regímenes legales”, advirtieron.
El Gobierno, por su parte, insiste en que no tolerará prácticas sindicales que afecten los servicios estatales. “El ciudadano de bien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de ATE”, señalaron desde la cartera que lidera Cúneo Libarona.
Perspectivas y tensiones crecientes
Este conflicto marca un nuevo episodio en la tensa relación entre el Gobierno y los gremios estatales. Mientras desde el oficialismo se insiste en la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, ATE denuncia una estrategia de estigmatización contra los sindicatos y la vulneración del derecho a huelga.
En medio de esta disputa, el pedido de juicio político contra Cúneo Libarona plantea un nuevo frente de batalla. “Es grave que un ministro amenace a trabajadores por ejercer un derecho legal”, señaló Aguiar, quien adelantó que continuarán las movilizaciones.
El desenlace de este enfrentamiento definirá no solo el futuro de los trabajadores despedidos, sino también el rumbo de la relación entre el Gobierno y los sindicatos en un contexto de creciente conflictividad laboral.