Fondos rurales: crece el rechazo del campo a la nueva ley y asoma una protesta ante Gobernación
La aprobación de una ley que permite reasignar fondos destinados al mantenimiento de caminos rurales para financiar obras hídricas abrió un nuevo conflicto entre el sector agropecuario y la política bonaerense. Tras la sanción definitiva del martes 20 de octubre, CARBAP y la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron su rechazo y advirtieron sobre las consecuencias para una red vial que consideran deteriorada.
La tensión podría trasladarse a las calles. Ignacio Kovarsky, secretario de CARBAP y expresidente de la entidad, anticipó que el Consejo Directivo analizará la próxima semana una posible movilización a la Gobernación para intentar que Axel Kicillof no promulgue la norma. La protesta todavía no está confirmada, pero el planteo incorpora un nuevo frente de presión sobre el Ejecutivo provincial.
El conflicto enfrenta dos necesidades vinculadas con la infraestructura del interior: garantizar la transitabilidad de los caminos por donde circula la producción y financiar trabajos de prevención ante las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Mientras los legisladores que respaldaron la iniciativa defienden la autonomía municipal, las organizaciones rurales cuestionan que las obras se financien con partidas que ya tenían una finalidad específica.
La ley que habilita a los intendentes a reasignar recursos
La iniciativa fue presentada por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, junto con su compañera de bancada Silvana Ventura. Obtuvo media sanción del Senado el 6 de octubre y quedó convertida en ley dos semanas después, durante la sexta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Alejandro Dichiara.
La modificación de la Ley 13.010 autoriza a los 135 municipios, durante un plazo excepcional de 180 días desde su publicación oficial, a destinar hasta el 100% de los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural originalmente afectados al mantenimiento de la red vial rural a obras de infraestructura hídrica.
La autorización comprende trabajos de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación y ampliación de alcantarillas, construcción de defensas y adquisición de equipamiento. No alcanza a toda la recaudación del tributo ni habilita gastos municipales sin relación con esas intervenciones: se limita a modificar temporalmente el destino de la partida vial específica.
La aplicación será optativa. Cada intendente podrá decidir si utiliza esos recursos para intervenir sobre problemas hídricos o conserva su asignación original. La ley tampoco crea nuevos impuestos ni establece transferencias adicionales, sino que amplía las posibilidades de administración de fondos que ya reciben los distritos.
Vargas defendió la reforma como una herramienta para responder a situaciones climáticas severas. Sostuvo que la emergencia exige superar restricciones que impiden utilizar partidas viales en obras necesarias para mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos. También invocó los daños provocados por inundaciones anteriores, especialmente en Bahía Blanca.
La iniciativa recibió respaldo durante su tratamiento en Diputados. El legislador de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux, vinculó la necesidad de habilitar recursos municipales con la falta de transferencias nacionales del Fondo Hídrico, destinadas a obras de prevención y mitigación de inundaciones.
Esa controversia también enfrenta a los gobiernos de Javier Milei y Kicillof. El ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales por el manejo de esos recursos. Según estimaciones de su cartera, entre 2024 y 2026 se recaudaron cerca de $403.000 millones, de los cuales se ejecutaron aproximadamente $147.000 millones, equivalentes al 36,7%.
CARBAP y la Rural cuestionan el destino de los fondos
La reacción más contundente llegó desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), presidida por Pablo Ginestet. La entidad rechazó la reforma mediante un comunicado en el que sostuvo que los recursos afectados, equivalentes al 12,5% de la recaudación del Inmobiliario Rural, deben continuar destinados al mantenimiento de caminos.
Para la organización, las dificultades hídricas requieren intervenciones urgentes, pero no justifican retirar financiamiento de otra infraestructura esencial. Los caminos, advirtió, “necesitan más inversión, no menos”, debido a las condiciones en las que se encuentran numerosos trazados del interior bonaerense.
CARBAP también cuestionó el uso de recursos que tienen asignación legal mientras los municipios cobran tasas viales a los productores. Según la entidad, esa recaudación no se tradujo en mejoras suficientes de las trazas rurales y corresponde exigir una administración adecuada antes de habilitar nuevas reasignaciones.
Otro eje del rechazo fue el procedimiento legislativo. La organización criticó que Diputados tratara la iniciativa sobre tablas, sin un debate previo en comisiones, mediante una mayoría de dos tercios que permitió incorporar el proyecto al recinto. Su cuestionamiento alcanzó a las distintas fuerzas políticas que acompañaron el trámite.
La entidad también planteó que las advertencias sobre El Niño se conocen desde hace meses y que las obras de prevención deberían haberse planificado con mayor anticipación. Desde esa perspectiva, el problema no se limita al destino del dinero, sino también a las prioridades de inversión y los tiempos de respuesta institucional.
La Sociedad Rural Argentina, conducida por Nicolás Pino, se pronunció en términos similares. Reconoció la necesidad de prevenir inundaciones, pero advirtió que afectar recursos viales sin garantías de reposición puede comprometer la circulación por caminos indispensables para transportar cosechas, conectar establecimientos y acceder a escuelas y centros de salud.
La entidad reclamó planificación, financiamiento específico y una política de infraestructura que contemple simultáneamente la prevención hídrica y el mantenimiento vial. Su posición apunta a evitar que la solución de una necesidad termine reduciendo los recursos disponibles para otra actividad fundamental del territorio.
La marcha en evaluación y el próximo paso de Kicillof
El conflicto adquirió otra dimensión con las declaraciones de Kovarsky, referente rural de Trenque Lauquen. El dirigente calificó la decisión legislativa como “una desgracia” y cuestionó la falta de planificación previa de los municipios frente a las advertencias climáticas.
Sus críticas también apuntaron al control sobre la ejecución de los fondos. Kovarsky expresó desconfianza respecto de la capacidad de verificar el destino efectivo de los recursos, incluso cuando existan presupuestos y rendiciones de cuentas, y responsabilizó tanto a quienes negociaron la iniciativa como a quienes acompañaron su aprobación.
La discusión tendrá un nuevo capítulo la semana próxima, cuando se reúna el Consejo Directivo de CARBAP. Allí se evaluará la posibilidad de marchar a la Casa de Gobierno bonaerense para reclamar que Kicillof no promulgue la ley. Por ahora no hay una convocatoria ni una fecha de protesta definidas.
La controversia llega mientras los intendentes buscan ampliar sus herramientas financieras. En la misma sesión, Diputados también avanzó con la libre disponibilidad de la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), por $50.000 millones, aunque esa reforma todavía necesita aprobación del Senado.
Ambas decisiones responden a necesidades municipales diferentes y tienen distinto estado legislativo: la reasignación del Inmobiliario Rural ya recibió sanción definitiva, mientras el cambio del FEFIM conserva carácter de media sanción.
La definición inmediata queda ahora en manos del Ejecutivo provincial. La eventual promulgación de la ley y las decisiones de cada municipio sobre el uso de las partidas marcarán los próximos pasos, mientras CARBAP prepara su reunión y las entidades rurales sostienen el reclamo por los recursos destinados a caminos.