Inmobiliario Rural en disputa: el Senado abre la puerta a reasignar fondos y el campo reclama límites

El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto que modifica, de manera excepcional y por 180 días, el destino de parte de los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural que reciben los municipios. La iniciativa permite utilizar hasta el 100% de los fondos afectados al mantenimiento de caminos rurales para realizar obras hídricas destinadas a enfrentar inundaciones y excesos de agua.

El expediente E-421/26-27, presentado por el senador Sergio Vargas y acompañado por Silvana Ventura, ambos de Unión y Libertad, ahora deberá pasar por Diputados. El texto había recibido previamente respaldo unánime en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

La propuesta aparece en momentos en que distintos municipios del interior todavía arrastran problemas por anegamientos, caminos deteriorados y obras hidráulicas pendientes, mientras las previsiones climáticas mantienen la atención sobre el impacto de El Niño.

“Lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes”, sostuvo Vargas durante el tratamiento, al defender la posibilidad de que cada gobierno local decida dónde necesita aplicar esos recursos.

El punto central de la discusión está en el origen de los fondos. La Ley 13.010, que regula la descentralización del Impuesto Inmobiliario Rural, establece que el 65% de la recaudación corresponde a la Provincia, mientras un 12% se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales y otro 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental. El monto restante se distribuye de acuerdo con el esquema previsto por la normativa.

La iniciativa aprobada por el Senado no autoriza a los intendentes a disponer del 100% de todo lo recaudado por el Inmobiliario Rural. Lo que permite es utilizar, durante seis meses y de manera excepcional, hasta el 100% de los recursos coparticipados o transferidos que actualmente tienen como destino el mantenimiento de la red vial rural.

Ese dinero podrá aplicarse a obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, defensas y adquisición de equipamiento para infraestructura hídrica.

La decisión será optativa para cada municipio. Vargas remarcó que el proyecto otorga una facultad y no establece una obligación general para los 135 distritos. Cada administración podrá decidir si mantiene el esquema actual o reasigna temporalmente parte de esos recursos.

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El autor del proyecto vinculó, además, la flexibilización directamente con la prevención de inundaciones. “Condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores”, sostuvo Vargas.

El senador advirtió además que, si no se habilitan intervenciones sobre el sistema hídrico, “nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”. La propuesta se presentó en septiembre y rápidamente avanzó en la comisión que preside Ventura.

Caminos, canales y una discusión que ya estaba abierta

El debate por esos recursos no comenzó con este expediente. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, distintos bloques de la Legislatura vienen presentando durante 2026 propuestas para modificar el esquema del Inmobiliario Rural y aumentar o flexibilizar los fondos destinados a los municipios.

En junio, una iniciativa de la senadora radical Nerina Neumann planteó una reforma de la Ley 13.010 para incrementar los recursos dirigidos al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, en medio de los reclamos por el estado de los caminos del interior.

La discusión tiene detrás un problema que se repite en distintos distritos: la conservación de la red depende de los municipios, pero la capacidad de respuesta varía según la recaudación, la extensión de caminos, la disponibilidad de maquinaria, el tipo de suelo y el régimen de precipitaciones.

En agosto, el presidente de CARBAP, Pablo Ginestet, señaló que durante el último año y medio se habían multiplicado las quejas por el mantenimiento y afirmó que “el servicio que están dando los municipios es cada vez peor”.

La entidad sostuvo entonces que no existe un modelo único para todos los distritos. En algunos casos se impulsan consorcios, en otros existen reclamos judiciales y también hay productores que realizan reparaciones por cuenta propia.

La media sanción agregó ahora una nueva discusión. El sector agropecuario no cuestiona que los municipios puedan realizar trabajos hidráulicos, sino la posibilidad de que recursos originalmente afectados a la red vial rural sean destinados a intervenciones ubicadas fuera de las zonas productivas.

De acuerdo con declaraciones publicadas por Infocielo, el reclamo apunta a incorporar al proyecto una delimitación territorial más precisa. “La ley debería decir que los fondos que se desvían para hacer esas obras sean en el ámbito rural”, señalaron desde Carbap.

El antecedente de la tasa vial

La objeción está directamente relacionada con una discusión histórica entre productores y gobiernos municipales. CARBAP viene reclamando que los recursos recaudados con destino específico a la red rural se utilicen efectivamente en el mantenimiento de los caminos.

En un informe sobre inundaciones, la entidad recordó que los municipios perciben tasa vial, guías de traslado y recursos derivados del Inmobiliario Rural, y reclamó que esas partidas se traduzcan en mantenimiento estructural de la red.

También destacó la importancia logística de los caminos de tierra para el traslado de producción, el acceso a establecimientos educativos, la circulación de ambulancias y la movilidad cotidiana de las familias rurales.

La discusión legislativa coincide con las advertencias por el comportamiento climático de los próximos meses. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, CARBAP viene planteando desde agosto que distintos sectores productivos llegan al período de mayores lluvias con suelos saturados, napas altas y caminos deteriorados.

Ginestet mencionó situaciones especialmente comprometidas en Benito Juárez, Coronel Pringles, Pehuajó, Olavarría y Tres Arroyos, además de anegamientos y falta de piso en Henderson, Carlos Casares y 9 de Julio.

“Estamos recontra preocupados porque no estamos en condiciones de afrontar un evento de las características que se están anunciando”, había advertido el dirigente rural. Entre los pedidos de la organización aparecen la aceleración de las obras del río Salado, la limpieza de canales y una intervención más sostenida sobre la red vial.