Seguridad virtual: amplían el ciberpatrullaje a fraudes con criptomonedas
El Ministerio de Seguridad anunció la ampliación del ciberpatrullaje de las fuerzas federales, sumando a su radar los delitos de intermediación financiera no autorizada con criptoactivos. La medida, oficializada mediante la resolución 1330/2024, busca prevenir estafas piramidales y fraudes financieros que afectan a miles de argentinos.
Desde mayo de este año, las fuerzas ya tenían habilitado el monitoreo en casos de amenazas, acoso, venta de bienes ilícitos y otros delitos en espacios virtuales. Ahora, el alcance se extiende para abordar un problema creciente: los delitos financieros vinculados al uso de criptomonedas.
Contexto: por qué las criptomonedas están en la mira
En los considerandos de la norma, el Ministerio argumenta que el avance de las transacciones con criptoactivos ha facilitado la proliferación de delitos ciberasistidos, como estafas y esquemas piramidales. Estas maniobras engañan a las víctimas con promesas de retornos irreales en inversiones, generando graves pérdidas económicas.
Además, se destaca que estos delitos afectan a personas de diversos estratos sociales y económicos, lo que resalta la necesidad de un enfoque preventivo para evitar que las acciones delictivas se concreten.
Delitos monitoreados: ¿qué contempla el ciberpatrullaje?
El nuevo alcance incluye delitos como:
- Intermediación financiera no autorizada mediante criptoactivos.
- Estafas piramidales y fraudes financieros.
- Venta de bienes obtenidos ilícitamente.
- Lavado de activos y trata de personas.
- Terrorismo y tráfico de personas.
- Falsificación y comercialización de instrumentos públicos.
Este listado se suma a los casos previamente autorizados, como el acoso, la amenaza de difundir imágenes sin consentimiento y el tráfico de drogas.
¿Cómo funciona el ciberpatrullaje?
Las tareas de monitoreo se realizan únicamente en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. Sin embargo, se limita su alcance al prohibir la acumulación de datos personales una vez que finalicen las investigaciones preventivas.
La resolución también aclara que no se interferirá con la libertad de expresión, y que los agentes tienen estrictamente prohibido:
- Obtener información sobre personas basada en raza, religión, opinión política o vida privada.
- Emplear métodos invasivos o ilegales para la recopilación de datos.
- Difundir información falsa o violar la dignidad de las personas.
Una herramienta con límites claros
El ciberpatrullaje no pretende judicializar actividades regulares de los usuarios en Internet, salvo que exista evidencia de intención delictiva. Los materiales obtenidos deben ser destruidos si no se vinculan a un proceso judicial.
Declaraciones oficiales
Desde el Ministerio de Seguridad argumentaron que la expansión de esta herramienta responde a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada y a la necesidad de proteger a las víctimas potenciales de maniobras fraudulentas.
“La intermediación financiera no autorizada mediante criptomonedas genera un perjuicio económico profundo. Es nuestra responsabilidad prevenir antes de que los delitos se materialicen”, expresaron desde la cartera.
Un marco legal en evolución
El ciberpatrullaje está respaldado por leyes como la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y la Ley N° 26.733, que refuerzan las atribuciones del Ministerio para combatir delitos en el ciberespacio. La nueva resolución entra en vigencia de inmediato, sin representar gastos adicionales para el Estado.