La Justicia Federal pide la extradición de Eduardo Kueider y su secretaria
La Justicia Federal argentina, a través de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ha solicitado la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes actualmente cumplen prisión domiciliaria en un lujoso departamento en Asunción, Paraguay. Ambos son investigados por una serie de delitos que incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho.
La caída del fuero senatorial
El pedido de extradición se formalizó luego de que el ex legislador perdiera sus fueros parlamentarios tras ser expulsado del Senado argentino por una amplia mayoría. La sesión, que estuvo envuelta en polémica, fue presidida por Victoria Villarruel mientras el presidente Javier Milei estaba fuera del país. En paralelo, Arroyo Salgado emitió un pedido de captura nacional e internacional para evitar que los acusados huyeran hacia un tercer país.
La jueza también solicitó el traslado de ambos imputados a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de celulares, equipos electrónicos y otros objetos incautados cuando fueron interceptados en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay.
Investigaciones cruzadas y bienes no declarados
La causa contra Kueider se originó en julio pasado tras una denuncia del periodista Christian Sanz, basada en publicaciones de los medios “Análisis” y “El Disenso”. Según estas fuentes, el ex senador poseía tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en Paraná, Entre Ríos, a través de una sociedad pantalla, Betail SA, que también está bajo investigación por lavado de activos y asociación ilícita.
Documentación reveló que las propiedades estaban registradas a nombre de Guinsel Costa, quien también figura como beneficiaria de movimientos financieros cuestionables, como el intento de compra de departamentos en Paraguay según informó este martes a Radio 10 el empresario inmobiliario Carlos Guasti.
El caso de Paraná se conecta con una investigación previa sobre coimas entre la firma Securitas Argentina y ENERSA, la empresa de energía de Entre Ríos, durante la gestión de Gustavo Bordet, donde Kueider ocupó el cargo de secretario general de Gobierno.
Los procedimientos en Paraguay
La extradición de Kueider y Guinsel Costa depende ahora del sistema judicial paraguayo. Según las normativas vigentes, la solicitud se tramitó a través de la Cancillería argentina, que la remitió a su par en Paraguay para su posterior presentación ante el Ministerio Público de ese país.
El tratado bilateral de extradición entre Argentina y Paraguay, vigente desde 1996, establece que los delitos por los cuales se pide la extradición deben tener penas superiores a dos años. En este caso, las penas potenciales por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero exceden ampliamente ese límite. Sin embargo, Kueider podría apelar y dilatar el proceso judicial.
Las maniobras dilatorias del ex senador
Mientras avanza el pedido de extradición, el abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, ha presentado una ampliación de la demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando la invalidez de la sesión en la que fue expulsado del Senado. En declaraciones a la prensa, el fiscal paraguayo Alcides Giménez reveló que Kueider prefiere permanecer en Paraguay, donde enfrenta penas menores por contrabando, en comparación con los cargos que se le imputan en Argentina.
Nuevas pericias y posibles evidencias perdidas
Un aspecto clave en el proceso es el secuestro de celulares y dispositivos electrónicos de los acusados, una medida solicitada por Arroyo Salgado que las autoridades paraguayas aún no habían ejecutado. La jueza busca determinar si los dispositivos fueron manipulados para destruir pruebas.
Asimismo, el pedido de extradición incluye el allanamiento del departamento donde ambos cumplen prisión domiciliaria y la obtención de evidencia como videos y pericias realizadas en Paraguay tras su detención con más de USD 211.000 sin declarar.
Un futuro incierto
El caso de Eduardo Kueider no solo expone las complejidades legales y diplomáticas entre Argentina y Paraguay, sino que también genera interrogantes sobre la transparencia y el control en la administración pública. Mientras la Justicia busca esclarecer los hechos, la opinión pública sigue atenta al desenlace de un caso que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción.