Cambian las reglas para contratar en la administración pública
El Gobierno oficializó un cambio profundo en las reglas para la contratación de asesores y consultores en la administración pública. Este ajuste, enmarcado en la Resolución 30/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se suma a una serie de medidas que buscan reestructurar el Estado y que han generado un fuerte impacto en el empleo público.
Un cambio clave en el empleo público
La Resolución 30/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial, reemplaza las disposiciones de la Resolución 729/2017 implementada durante la gestión de Mauricio Macri. Según el texto, el objetivo es modernizar el empleo público en línea con el Decreto 585/2024, que busca optimizar recursos en un contexto de transformación administrativa profunda.
Los nuevos lineamientos establecen criterios más estrictos para las contrataciones. Dependiendo del cargo, se exige desde formación universitaria con experiencia profesional hasta evaluaciones específicas, como la Evaluación General de Conocimientos y Competencias (SEP).
¿Cómo se reestructuran los roles?
Consultores
- Liderarán proyectos estratégicos.
- Diseñarán planes de trabajo y desarrollarán indicadores.
- Requieren formación universitaria de al menos cuatro años y experiencia profesional comprobable.
Asesores
- Encargados de diagnósticos y diseño de procedimientos.
- Se aceptan títulos terciarios o secundarios con experiencia laboral avalada.
Asistentes
- Brindarán apoyo técnico en análisis de datos y redacción de reportes.
- Se exige titulación secundaria con experiencia acorde.
Impacto laboral: más de 34.000 despidos en un año
Desde diciembre de 2023, las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei han significado la desvinculación de más de 34.000 trabajadores estatales, lo que representa una reducción del 7% en la plantilla estatal.
La Administración Pública Nacional (APN) fue la más afectada, con una caída de 20.000 puestos y un ahorro estimado de 3.800 millones de dólares. La situación se agrava en sectores sensibles como:
- Eliminación de organismos completos: INADI, INAI e INJUVE.
- Reestructuración de entidades: Conicet, INCAA, ANMAT y AFIP.
- Reducción drástica de contratos temporales: caídas del 17,8% en contrataciones bajo la Ley Marco y un 51,9% en vinculaciones LOYS.
Un Estado más pequeño, pero con condiciones
Junto con los despidos, el Gobierno exige exámenes de idoneidad a cerca de 40.000 empleados temporales, cuya continuidad depende de superar dichas evaluaciones. Además, se ha intimado a 10.000 trabajadores de planta permanente a iniciar trámites jubilatorios si cumplen con los requisitos legales.
Estas medidas son parte de un plan general para equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, críticos advierten que el ajuste podría deteriorar la calidad de los servicios estatales y profundizar desigualdades.
¿Qué significa la Resolución 30/2024 para el futuro del empleo público?
Desde su entrada en vigor este 27 de diciembre, la resolución redefine el acceso y permanencia en la administración pública bajo criterios de austeridad y eficiencia. No obstante, su implementación marca una intensificación del ajuste, con consecuencias que seguirán resonando en la estructura estatal y en las vidas de miles de trabajadores.