FATE entra en una nueva fase: desalojo, apelación y presión sobre Kicillof
La pelea por el futuro de FATE entró en una nueva etapa. A siete meses del cierre de la planta de Virreyes, en San Fernando, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo y la restitución del establecimiento a la empresa. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció que apelará la resolución y volvió a reclamar una intervención del gobernador Axel Kicillof.
El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando FATE cesó la actividad en la fábrica y se produjo la desvinculación de 920 trabajadores. Desde entonces, un sector de los empleados sostiene una permanencia vinculada al reclamo por la continuidad de los puestos laborales, mientras otros aceptaron indemnizaciones o acuerdos de salida.
La resolución judicial cambia otra vez el escenario de una disputa que atravesó conciliaciones obligatorias, expedientes laborales, presentaciones penales y movilizaciones. El gremio, además, mantiene abierto otro frente: el proyecto de ocupación temporaria que impulsa en la Legislatura bonaerense para intentar reactivar la producción bajo un esquema transitorio.
El fallo y la apelación que prepara el SUTNA
La Cámara consideró agotadas las instancias de conciliación obligatoria desarrolladas tanto en el ámbito nacional como en el bonaerense y señaló que no habían permitido destrabar el conflicto. La resolución dispone devolver el inmueble a la compañía, aunque los magistrados aclararon que esa decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia laboral, incluidos los despidos, los reclamos salariales y las indemnizaciones discutidas.
No es la primera vez que el expediente llega a esa instancia. En marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución y considerado que la situación debía analizarse dentro de la disputa laboral. El nuevo fallo se apoya ahora en la finalización de las instancias conciliatorias sin acuerdo entre las partes.
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, anticipó que la organización presentará recursos ante Casación para intentar evitar que la resolución quede firme. “La Justicia penal no puede resolver una situación laboral”, cuestionó durante una conferencia realizada frente a la fábrica. El gremio también informó que mantendrá presencia en las inmediaciones del establecimiento.
El reclamo vuelve a apuntar a Kicillof
La orden de desalojo reactivó, al mismo tiempo, el reclamo dirigido al Ejecutivo bonaerense. Crespo pidió públicamente al gobernador que “se pronuncie y actúe” y volvió a colocar sobre la mesa el proyecto de ocupación temporaria de la planta.
La iniciativa propone una intervención transitoria sobre las instalaciones para preservar la actividad y los puestos de trabajo mientras se busca una salida productiva. El esquema discutido durante los últimos meses comprende la utilización temporaria de las instalaciones, maquinarias e insumos, sin plantear una transferencia definitiva de la propiedad. El sindicato sostiene, además, que la planta tiene relevancia estratégica por su capacidad para producir neumáticos destinados a camiones y colectivos.
El tema ya había llegado a la agenda provincial. En julio, el Ministerio de Trabajo bonaerense reconocía la gravedad del conflicto pero descartaba entonces que la Provincia asumiera directamente el control de la planta y concentraba su intervención en las negociaciones laborales y el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.
La presión política también llegó desde la izquierda. El diputado provincial Christian Castillo reclamó que no se ejecute el desalojo y pidió avanzar con la iniciativa legislativa, mientras Nicolás del Caño reclamó una intervención del gobierno provincial. Son posiciones de esos dirigentes frente al conflicto y no forman parte de los fundamentos de la resolución judicial.
Apoyo sindical y dos versiones sobre el cierre
El conflicto sumó además pronunciamientos de organizaciones gremiales. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU Federal) rechazó el desalojo y sostuvo que el cierre constituye un “lockout patronal” ilegal. La CTA Autónoma bonaerense también expresó su respaldo a los trabajadores y reclamó suspender cualquier medida de desalojo.
Esa caracterización es discutida por la empresa. FATE había vinculado el cierre con la pérdida de competitividad, el aumento de las importaciones y la menor utilización de su capacidad productiva. El SUTNA, en cambio, sostiene que la paralización respondió a una decisión empresaria y reclama la reapertura de la fábrica.
En los días previos, Crespo también mantuvo reuniones con el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y con Jorge Sola y Octavio Argüello, integrantes del triunvirato de la CGT, para buscar respaldo al reclamo. Con la apelación anunciada, la presencia sindical en los alrededores de la planta y el proyecto de ocupación temporaria todavía pendiente, el próximo movimiento inmediato quedará otra vez en manos de la Justicia.