Malvinas, petróleo y sanciones: el choque que abre una nueva fase entre Argentina y el Reino Unido
La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas entró en una etapa de mayor confrontación política, jurídica y económica. En apenas unos días, Londres publicó una guía para respaldar a las compañías que hacen negocios en el archipiélago, el Gobierno de Javier Milei respondió con nuevas acciones y envió al Congreso un proyecto para endurecer el régimen sancionatorio, la Justicia Federal ordenó detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion y, finalmente, el Ejecutivo británico salió a cuestionar las medidas argentinas.
Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, ratificó la posición de Londres sobre las islas, defendió el derecho de sus habitantes a desarrollar los recursos naturales y aseguró que el gobierno británico respaldará a las empresas y particulares que mantengan vínculos comerciales con el archipiélago. Además, calificó de “inaceptables” y sin justificación legal las acciones impulsadas contra esas compañías.
La respuesta llegó apenas un día después de que Milei enviara al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero el conflicto venía escalando desde antes. El punto que atraviesa todos los movimientos tiene nombre propio: Sea Lion, el proyecto petrolero que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum desarrollan al norte de las islas y que Buenos Aires considera una explotación de recursos sin autorización argentina.
El movimiento británico comenzó formalmente el 15 de septiembre. Ese día, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo publicó la guía “Doing business with the Falkland Islands”, destinada a empresas y particulares que desarrollen actividades económicas en las islas o que les suministren bienes y servicios. Londres sostiene en ese documento que la legislación argentina no tiene aplicación en el archipiélago y ofrece respaldo gubernamental a compañías, subsidiarias y proveedores que enfrenten acciones o reclamos argentinos incluso en terceros países.
Ese último punto marca uno de los aspectos centrales de la nueva fase del conflicto. La discusión ya no queda limitada a las petroleras que explotan directamente los recursos: alcanza también a proveedores, financistas y actores vinculados a la cadena comercial.
Argentina avanza justamente sobre ese entramado. Según informó oficialmente la Cancillería, hasta el 15 de septiembre había enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países, iniciado 60 procedimientos administrativos y presentado tres denuncias penales que involucran a diez compañías y sus directivos. También convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas formales de protesta por Sea Lion.
Londres contestó ahora que su red diplomática respaldará a quienes continúen haciendo negocios con las islas. Esa respuesta convierte la disputa empresarial en otro terreno de confrontación entre ambos Estados.
En paralelo, el Gobierno argentino intenta modificar las herramientas disponibles. El proyecto enviado al Congreso el 17 de septiembre propone reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011, por un régimen más amplio. Según la Presidencia, la iniciativa busca endurecer las consecuencias para quienes participen de actividades que el Estado argentino considera no autorizadas, alcanzar también a accionistas y proveedores y crear incentivos para que las compañías abandonen esos negocios.
El texto amplía además el alcance más allá de los hidrocarburos hacia otros recursos naturales y contempla, según el proyecto difundido, multas, inhabilitaciones, restricciones para operar en la Argentina y, para determinadas conductas, penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.
Pero el paquete va más allá de Malvinas. La Casa Rosada propone crear un Sistema de Seguridad Nacional conducido por un Consejo que articule instrumentos diplomáticos, económicos, jurídicos, de defensa e inteligencia. Ese capítulo abre una discusión más amplia en el Congreso porque modifica herramientas estatales que no quedan circunscriptas exclusivamente a la disputa del Atlántico Sur.
Sea Lion: por qué el petróleo aceleró los tiempos
Detrás del endurecimiento aparece una diferencia fundamental respecto de otros momentos del reclamo: el proyecto petrolero ya tiene un calendario de ejecución.
Sea Lion está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas, que posee una participación del 65% y opera el emprendimiento junto con Rockhopper, informa que la decisión final de inversión ya fue tomada y proyecta comenzar la producción en marzo de 2028. La primera fase contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
Rockhopper también sostiene que el proyecto continúa encaminado hacia el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028 y que las tareas de perforación están previstas para comenzar en 2027.
Para el Gobierno, esas operaciones requieren autorización argentina. Londres, en cambio, afirma que son actividades reguladas legítimamente por las autoridades de las islas y rechaza la jurisdicción argentina sobre ellas.
A esa secuencia se agregó esta semana la Justicia Federal. La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar parcialmente a una cautelar solicitada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, y ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con Sea Lion.
La decisión comprende perforaciones, infraestructura submarina, sistemas vinculados con la explotación, instalaciones flotantes y el comienzo de la extracción comercial. La medida permanecerá vigente, según el fallo, hasta que la autoridad ambiental nacional tramite una evaluación de impacto ambiental y emita una decisión, salvo que el propio juzgado disponga otra cosa.
Borruto también intimó a las compañías a informar en diez días el estado del emprendimiento y preservar documentación técnica, ambiental, financiera y contractual. La cautelar no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo del expediente.
De la diplomacia a una disputa por costos y negocios
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el escenario ya venía escalando. China volvió a respaldar el reclamo argentino y pidió una solución de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, incorporando nuevamente la cuestión Malvinas a la agenda de las relaciones entre grandes potencias.
Ahora aparece un cambio adicional. Argentina intenta aumentar el costo jurídico y económico de participar de las actividades en las islas; el Reino Unido responde tratando de reducir ese riesgo para las compañías mediante respaldo político, jurídico y diplomático. Esa dinámica surge de las medidas anunciadas por ambos gobiernos durante los últimos días.
El petróleo acelera los tiempos porque Sea Lion ya no es una posibilidad lejana. Las empresas tienen previsto avanzar con las perforaciones en 2027 y comenzar la producción en 2028.
Por eso, el próximo capítulo se jugará simultáneamente en varios frentes: el Congreso argentino, los tribunales, las compañías y proveedores internacionales y la relación diplomática con Londres.