Corte Suprema con tres jueces: se activa el mecanismo de emergencia tras la salida de Maqueda
La Corte Suprema activa mecanismos de emergencia tras la salida de Maqueda. ¿Qué significa esto para las causas clave y el equilibrio político?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación enfrenta un escenario inédito desde este lunes: funcionará con solo tres miembros tras la despedida del juez Juan Carlos Maqueda, quien cumplió 75 años y, por disposición constitucional, dejó su cargo luego de 22 años de servicio. La salida del magistrado abre un nuevo capítulo en el máximo tribunal, que ya implementó mecanismos para evitar la parálisis judicial ante posibles desacuerdos internos.
Un adiós marcado por aplausos y polémicas
Maqueda, nacido en Río Tercero, Córdoba, y de extensas trayectorias tanto en la política como en la justicia, fue despedido con honores frente al Palacio de Tribunales. Familiares, empleados judiciales y curiosos se reunieron en la Plaza Lavalle para saludarlo. Con visible emoción, el exjuez descendió las escalinatas entre aplausos y música de la banda de la Policía Federal, que incluso interpretó un cuarteto como guiño a su tierra natal.
Sin embargo, su salida no estuvo exenta de controversias. El juez Ricardo Lorenzetti, colega en el tribunal, criticó duramente las últimas decisiones administrativas del cuerpo, acusando una "despedida con claudicaciones". Una de esas medidas fue la acordada que establece un mecanismo para designar conjueces en caso de falta de mayorías, lo que permitirá que la Corte continúe resolviendo causas con solo tres miembros.
La Corte y su mecanismo de emergencia
La Acordada 41, firmada el pasado 18 de diciembre, regula el sorteo de conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales y Nacionales. Este mecanismo busca evitar la parálisis de expedientes cuando no se logren las mayorías necesarias para dictar sentencia. Desde ahora, cualquier decisión requerirá unanimidad entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los únicos tres miembros restantes.
El procedimiento también envía un mensaje político al Ejecutivo y al Congreso, sugiriendo que la Corte puede operar sin necesidad de nombrar nuevos jueces de forma inmediata. Esto podría neutralizar los planes del presidente Javier Milei de designar magistrados por decreto, como había amenazado en semanas previas.
Nombres en juego y trabas políticas
Las designaciones para cubrir las vacantes en la Corte están empantanadas en el Senado. Los pliegos de Ariel Lijo, apadrinado por Lorenzetti, y Manuel García-Mansilla, con un perfil ultraconservador, enfrentan resistencias tanto por parte del peronismo como de sectores de la sociedad civil.
Lijo cuenta con impugnaciones por parte de organizaciones civiles, aunque tiene apoyo en la Comisión de Acuerdos del Senado. Por su parte, García-Mansilla ya manifestó su oposición a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que genera rechazo entre senadores progresistas.
Ante la falta de consenso, Milei sugirió que podría utilizar un decreto para designarlos en comisión. Sin embargo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, desestimó esta opción, indicando que se recurriría a esta medida solo si la Justicia quedara completamente paralizada.
Impacto en causas clave
La reducción a tres miembros podría tener consecuencias significativas en expedientes sensibles. Por ejemplo, el fallo dividido en el “Caso Levinas”, que estableció la competencia del Tribunal Superior de Justicia porteño en temas nacionales, marca un precedente con potencial impacto en causas como la del “Correo Argentino”, que involucra a la familia del expresidente Mauricio Macri.
El desacuerdo entre los ministros también podría dificultar el tratamiento de futuras causas. Mientras Rosatti y Rosenkrantz suelen alinearse en sus votos, Lorenzetti ha mantenido una postura crítica hacia ellos, lo que aumenta la probabilidad de estancamientos.
Un futuro incierto
Con la salida de Maqueda, la Corte Suprema se adentra en una etapa de incertidumbre tanto institucional como política. Si bien los mecanismos de emergencia buscan garantizar el funcionamiento del tribunal, la falta de consensos internos y externos plantea interrogantes sobre su efectividad a largo plazo.
Mientras tanto, el debate sobre cómo y cuándo se completará el máximo tribunal sigue abierto, reflejando las tensiones entre los tres poderes del Estado en un contexto político cada vez más polarizado.
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