Golpe a la política habitacional: eliminaron la Secretaría de Vivienda
El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que dependía del Ministerio de Economía. Con esta medida, la gestión de los programas y proyectos de esta área, como Procrear y Casa Propia, pasará a la Secretaría de Obras Públicas.
La decisión fue publicada en el decreto 70/2025, oficializado en la madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, la estructura organizativa del Ministerio de Economía quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Las nuevas funciones de Obras Públicas
Con la eliminación de la secretaría, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. En este contexto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de:
- Gestionar la finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda.
- Asistir al ministro en políticas de integración socio-urbana.
- Formular y ejecutar la política nacional en integración socio-urbana.
- Diseñar proyectos de infraestructura habitacional y de espacio público.
- Coordinar con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el relevamiento de suelos vacantes o disponibles.
- Celebrar convenios con gobiernos provinciales, municipales y entidades privadas para finalizar y transferir proyectos de vivienda.
- Asistir en la formulación de políticas de regularización del suelo.
El impacto en los programas de vivienda
Según trascendió, la disolución de la secretaría podría significar el cierre de programas como el Procrear, Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012, mediante el decreto 1018/2024.
El Gobierno sostiene que el acceso a la vivienda debe ser gestionado a través de créditos personales del sector privado. En este sentido, la normativa establece que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.
Preocupación por el impacto laboral
Desde los gremios advierten que esta decisión podría derivar en el despido de alrededor de 500 trabajadores. Al respecto, el decreto aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto en la normativa vigente (decreto 1421/02).
Con esta reestructuración, el Gobierno avanza en su política de reducción del Estado, trasladando responsabilidades del área de vivienda al sector privado y limitando la intervención estatal en la construcción habitacional.