Rechazo opositor a la designación de Lijo en la Corte: “Un decretazo a la impunidad”

La decisión del Gobierno de designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia desató un fuerte rechazo en la oposición, que acusó al presidente Javier Milei de "forzar la Constitución" y avanzar sobre la independencia de los poderes.

Uno de los primeros en manifestarse fue el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, quien advirtió: “Forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana con Lijo en la Corte. Pero tarde o temprano será extorsionado”.

En la misma línea, la líder de ese espacio, Elisa Carrió, calificó la decisión como “un verdadero horror” y acusó a Lijo de estar involucrado en “un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.

Unión por la Patria: "Otro atropello en nombre de la libertad"

Desde el peronismo también apuntaron contra el oficialismo. El senador salteño Sergio "Oso" Leavy sostuvo que la medida busca “desviar la atención de los problemas que atraviesa el país” y denunció que se trata de “pura impunidad”.

El radicalismo y la institucionalidad: "No es un rey ni un emperador"

Desde la UCR, el senador Pablo Daniel Blanco rechazó que el Presidente pase por alto al Congreso para definir los jueces de la Corte. “Pasar por alto al Congreso amenaza la independencia judicial y la confianza en nuestras instituciones. Esto debe tratarse en el Senado. No es un rey ni un emperador”, sentenció.

El exvicepresidente Julio Cobos también se sumó a las críticas y enfatizó: “Una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición”.

Para Cobos, el trámite debe seguir los canales institucionales y no ser resuelto por decreto. “Advertimos en su momento al presidente Macri que no era el accionar correcto, lo volvemos a hacer ahora al presidente Milei y le pedimos que siga los canales constitucionales correspondientes, sin atajos ni recursos endebles”, expresó.

La izquierda y el reclamo en las calles

Desde la izquierda, la diputada Vanina Biasi consideró que la decisión del Gobierno responde a una estrategia para presionar al Senado. “#MileiEstafador acaba de designar a Lijo y García Mansilla para que ocupen sus lugares en la Corte por decreto. Está claro que busca tener tiempo para encontrar los condicionantes que necesita (climas y aprietes) para que el Senado se los vote”, publicó en redes sociales.

Además, exigió el rechazo de la medida y pidió movilización: “Esto lo resuelve el pueblo en las calles instalando su propia agenda y exigiendo que caiga este decreto”.

Lousteau: "Desprecio por la Constitución"

Por su parte, el senador Martín Lousteau vinculó la decisión de Milei con antecedentes de la gestión de Mauricio Macri y alertó sobre los riesgos de este tipo de medidas. “Si Milei hoy puede nombrar jueces de la Corte, es porque Macri lo habilitó en 2015”, señaló.

Lousteau también criticó la acumulación de decretos del Ejecutivo y sostuvo que “no sabemos cuánto costará a futuro haber permitido los 60 DNUs que el Congreso no trata, cuando un futuro presidente de cualquier signo político quiera usar el mismo método para hacer lo que quiera”.

Paoltroni: "Una estafa electoral"

Uno de los senadores más críticos con la figura de Lijo fue el formoseño Francisco Paoltroni, quien aseguró que el nombramiento del juez “representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente”.

En su mensaje, Paoltroni afirmó que la decisión “festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente” y concluyó con una evaluación categórica: “Lamentable”.

Desde el oficialismo, respaldo a la medida

A diferencia de la oposición, la diputada libertaria Juliana Santillán Juárez Brahím celebró la decisión del Gobierno y defendió la necesidad de completar la Corte Suprema. “Una Corte constituida, el Gobierno tiene como objetivo normalizar el funcionamiento del máximo órgano de Justicia. Para que la especulación política deje de disminuir el verdadero interés de todos los argentinos: JUSTICIA TOTAL #VLLC”, escribió en redes sociales.

Con este decreto, el Gobierno abre una nueva disputa con el Congreso y deja instalada una polémica que promete seguir creciendo en los próximos días.