Pueblos bonaerenses fumigados convocan a un Congreso contra el modelo extractivista nacional
Del 5 al 7 de junio, la Universidad Nacional de Luján será sede del 1er Congreso de Agroecología de los Pueblos, una iniciativa impulsada por comunidades fumigadas, organizaciones sociales, productores y activistas que buscan visibilizar los impactos del modelo agroindustrial dominante y construir una alternativa basada en la agroecología.
El encuentro, que contará con mesas de trabajo, talleres, feria agroecológica, charlas y actividades culturales, surge como respuesta al avance del modelo extractivista impulsado por el Gobierno nacional, y se perfila como un espacio de resistencia frente al retroceso ambiental, sanitario y social que denuncian padecer en sus territorios. “La autoorganización es nuestra fuerza”, afirmaron los organizadores, y convocaron “a todos los que luchan por territorios libres de extractivismo a sumarse al Congreso y a hacer oír su voz”.
Fuerte rechazo al agronegocio y al RIGI
La realización del Congreso de los Pueblos se da en un contexto de creciente preocupación por las políticas del gobierno de Javier Milei en relación al ambiente y al modelo productivo. A un año y medio de su asunción, desde los movimientos sociales y territoriales denuncian la profundización de un esquema extractivista que prioriza los intereses de grandes corporaciones.
La aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio de 2024, y su posterior aplicación para proyectos vinculados al agronegocio, minería e hidrocarburos, generó un amplio rechazo en sectores ambientalistas. La medida, según critican, consolida un modelo de “saqueo legalizado” que pone en riesgo la soberanía sobre los bienes comunes.
En paralelo, otras decisiones del Ejecutivo nacional refuerzan esta lectura: la baja de aranceles a la importación de herbicidas como el Glifosato, la habilitación del uso de drones para fumigaciones (decreto 663) y la censura del INTA a la difusión de investigaciones sobre el impacto de los agrotóxicos. Estas políticas ya generan consecuencias directas en comunidades como Lobos.
El caso de Lobos y la primera prohibición judicial del país
En Lobos, una ciudad rural del interior bonaerense, la comunidad se encuentra en alerta por la proliferación de drones utilizados para fumigar con agrotóxicos en cercanías de zonas urbanas. La polémica se desató tras el caso de Néstor Ramos, un vecino que sufrió síntomas de intoxicación —vómitos y debilidad— luego de que un dron liberara agrotóxicos a escasos metros de su vivienda. Su esposa, médica, detectó el cuadro y denunció la situación.
Poco después, observaron árboles marchitos, ausencia de aves y alteraciones en el entorno natural. La Justicia actuó con rapidez y dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación con drones en ese campo, en lo que se considera el primer fallo de este tipo en Argentina.
El episodio dejó al descubierto un vacío legal: mientras la normativa bonaerense establece distancias mínimas para fumigaciones aéreas, no contempla el uso de drones, una tecnología que gana terreno por su bajo costo y eficacia.
En Lobos, como en muchas localidades, los municipios deben improvisar sus propias reglas frente a la inacción provincial. La experiencia de Ramos no es aislada: estudios entre 2021 y 2022 ya habían detectado residuos químicos en agua, suelo y vegetación urbana.
A pesar de estas alertas, otras provincias —como Entre Ríos— avanzan en sentido opuesto, habilitando aplicaciones con drones a solo 10 metros de viviendas. Este tipo de situaciones refuerza la urgencia de espacios como el Congreso de Agroecología, donde los pueblos puedan debatir y exigir regulaciones más estrictas frente al avance tecnológico sin control.
Desmantelamiento de políticas públicas y persecución al ambientalismo
La clausura del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la eliminación del programa ProHuerta marcan, para los organizadores del Congreso, un retroceso en el acompañamiento estatal a formas de producción más sanas y sustentables.
Además, señalan que la creación de la Unidad de Seguridad Productiva por parte del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de proteger emprendimientos extractivistas ante protestas, pone en riesgo la libre expresión y movilización de las comunidades afectadas.
“No fue casual que en el Pacto de Mayo, Milei atacara directamente a las organizaciones ambientalistas, acusándolas de ser financiadas por millonarios extranjeros. Esa narrativa busca deslegitimar nuestras luchas y justificar el avance de los intereses privados sobre los bienes comunes”, sostienen desde la organización del Congreso.
La agroecología se planta como alternativa desde abajo
Frente a este panorama, los pueblos fumigados buscan construir una agenda propia desde la agroecología. No se trata sólo de un cambio de técnicas productivas, sino de un modelo que prioriza la salud, la soberanía alimentaria y la justicia ambiental.
El Congreso funcionará como un espacio para compartir experiencias, sistematizar saberes territoriales, y tejer redes entre quienes enfrentan día a día los efectos de las fumigaciones, el corrimiento de la frontera agropecuaria y la contaminación del agua y el aire.
Uno de los ejes centrales será la Asamblea del Congreso, en la que se prevé la elaboración de un documento político colectivo que refleje las demandas y propuestas surgidas de las distintas actividades.
La provincia, entre la agroecología y el extractivismo
Aunque el Gobierno bonaerense se presenta como opositor al modelo nacional, los organizadores del Congreso señalan que su política ambiental presenta contradicciones, al observar que “en los hechos, se mantienen privilegios para el agronegocio”.
Entre los ejemplos citados está la suspensión —pero no derogación— de la Resolución 246, que permite fumigaciones sin distancias mínimas a viviendas, y la reapertura de la planta de atrazina de Atanor en San Nicolás, luego de una explosión que generó una nube tóxica. Además, mencionan la promoción de la minería de tierras raras y litio en municipios bonaerenses, pese a la falta de licencia social.