Revés judicial para Milei: la Justicia frenó sus designaciones
En un nuevo golpe institucional para el Gobierno, el juez federal Alejo Ramos Padilla declaró este jueves la inconstitucionalidad del decreto con el que el presidente Javier Milei había designado a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El magistrado argumentó que el Ejecutivo no puede utilizar el mecanismo de “empleos en comisión” para designar magistrados, un procedimiento que, según sostuvo, viola la Constitución Nacional y compromete la división de poderes.
Por qué Ramos Padilla frenó el decreto presidencial
En su fallo, Ramos Padilla fue tajante al afirmar que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que permite al Presidente designar "empleos en comisión", no aplica a los jueces.
“El procedimiento para designar empleos en comisión no puede ser utilizado para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación, tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores”, sostuvo el juez.
Según explicó en su resolución, la única vía legal para designar jueces es la prevista en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, que exige el acuerdo del Senado.
La medida judicial se conoce luego de que el Senado rechazara formalmente las nominaciones de Lijo y García Mansilla, y en medio de una creciente tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo nacional.
García Mansilla renunció y el Gobierno lo aceptó
A menos de dos meses de haber sido designado, Manuel García Mansilla renunció a su cargo como juez de la Corte Suprema. Su renuncia fue formalizada por el Gobierno mediante el decreto 276/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El documento lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Con su salida, la Corte vuelve a operar con tres miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La renuncia de García Mansilla y el freno judicial al nombramiento de Lijo dejan al máximo tribunal sin los refuerzos que Milei había impulsado y reavivan la discusión sobre la independencia judicial en un contexto de tensión política e institucional.