Casal pidió a la Corte que condene a Cristina a 12 años

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema de Justicia que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad por la adjudicación de obras públicas a empresas vinculadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Con este dictamen, el máximo tribunal del país queda habilitado para tomar una decisión final sobre el futuro penal y político de la actual senadora, que podría quedar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Casal sostuvo el pedido de condena por asociación ilícita

El jefe de los fiscales respaldó el recurso presentado por el fiscal de Casación Mario Villar, quien había reclamado que además del delito de administración fraudulenta —por el que Cristina fue condenada a seis años en diciembre de 2022— se le imponga también la pena por asociación ilícita en carácter de jefa.

En su presentación de 13 páginas, Casal pidió que se agrave la condena actual, se amplíe el decomiso de bienes y se revierta la absolución que benefició al ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Críticas a la sentencia y a la Cámara de Casación

El dictamen de Casal cuestionó que tanto el Tribunal Oral Federal N° 2 como la Cámara de Casación incurrieron en “arbitrariedad” al descartar la figura de asociación ilícita.

Ambos tribunales, por mayoría de dos votos contra uno, entendieron que no hubo pluralidad de hechos delictivos, sino un solo gran fraude en las 51 obras adjudicadas entre 2003 y 2015. Esa postura, según el procurador, aplicó una interpretación errónea de la ley penal y dejó sin responder argumentos esenciales de la fiscalía.

Qué puede pasar ahora con Cristina

La Corte Suprema tiene ahora sobre la mesa el pedido de Casal, que no solo busca aumentar la pena a 12 años de prisión, sino también activar su inhabilitación perpetua para cargos públicos. Esto podría impedirle a Cristina Kirchner presentarse como candidata en las elecciones legislativas de octubre.

Sin embargo, el fallo aún no es inminente. En paralelo, el máximo tribunal debe resolver otras quejas presentadas por las defensas que buscan anular la sentencia dictada por el TOF 2 y confirmada por Casación en noviembre de 2024.