El Gobierno avanza con más desregulación en el uso de armas
En un nuevo capítulo de su política de desregulación estatal, el Gobierno nacional resolvió eliminar la obligación de reinscripción anual y el pago de la tasa correspondiente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para determinados usuarios legales de armas.
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular de Anmac, Juan Pablo Allan, y alcanza a Legítimos Usuarios Comerciales, Colectivos, Cinegéticos y Entidades de Tiro.
¿A quiénes beneficia?
Esta decisión representa un alivio burocrático y económico para más de 2.300 personas físicas y jurídicas, según precisaron fuentes del organismo a Clarín. Entre los beneficiados figuran:
- 797 usuarios comerciales
- 411 entidades de tiro y usuarios cinegéticos
- 1.098 usuarios colectivos
Hasta ahora, todos ellos debían realizar trámites anuales, aun si no había cambios en su situación. Además, estaban obligados a pagar una tasa que oscilaba entre $20.000 y $200.000 por año, pese a que el permiso tenía una vigencia de cinco años.
Desde ahora, el pago de ese arancel se exigirá únicamente al inicio de cada ciclo de cinco años, reduciendo notablemente los costos para el sector.
La nueva normativa también simplifica el procedimiento para la actualización de datos societarios o de dirigencia. Ya no será obligatorio informar cada año si hubo cambios. A partir de ahora, solo se deberá notificar a la Anmac dentro de los 30 días posteriores a cualquier modificación en los datos previamente registrados.
Seguridad vs. burocracia: qué dice el Gobierno
Desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, aseguraron que la medida se enmarca en una lógica de “menos burocracia y menos gastos para la gente”.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo sostuvo: “Esta resolución aligera procesos sin debilitar los controles. El objetivo es claro: reducir cargas innecesarias y facilitar el cumplimiento normativo a quienes, desde distintos sectores, aportan al desarrollo industrial, deportivo y comercial del país”.
Una política de flexibilización armamentista más amplia
La decisión se suma a una serie de reformas impulsadas por el Gobierno desde diciembre de 2023, que apuntan a una mayor flexibilización en el acceso y tenencia de armas de fuego.
Una de las más controversiales fue la derogación de la prohibición vigente desde 1995 sobre la tenencia de armas semiautomáticas de uso militar, mediante un “régimen de autorización especial” firmado por Javier Milei, Bullrich y el ministro del Interior Guillermo Francos.
“Tenencia Express” y baja en la edad mínima
Otra medida fue la implementación de la llamada “Tenencia Express”, que simplifica el procedimiento para adquirir armas en armerías, y está destinada tanto a civiles como a miembros de fuerzas de seguridad. Asimismo, el Gobierno redujo la edad mínima para obtener la condición de legítimo usuario de armas: pasó de 21 a 18 años, con el argumento de “armonizar” la legislación con el Código Civil y Comercial.
Estas decisiones, aunque bien recibidas por el sector armamentista, abren un debate público sobre el riesgo de una mayor circulación de armas en un contexto de creciente conflictividad social. Mientras el Gobierno defiende su política con argumentos de eficiencia y libertad individual, desde diversos sectores advierten sobre las consecuencias en materia de seguridad pública.