Alberto Fernández volvió a declarar en Comodoro Py y negó toda responsabilidad en la causa Seguros

Alberto Fernández volvió a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa conocida como “Seguros”, donde está imputado por presuntos hechos de corrupción vinculados a contrataciones millonarias durante su gobierno.

La audiencia se llevó a cabo en el despacho del juez Sebastián Casanello, quien tomó control del expediente tras la salida de Julián Ercolini, recusado por el propio Fernández. Durante casi dos horas, el exmandatario respondió preguntas del magistrado y del fiscal Carlos Rívolo, en una estrategia que marcó un giro respecto a su primera declaración de noviembre pasado, cuando solo presentó un escrito y evitó responder consultas.

El expediente investiga 45 contratos firmados entre organismos públicos y la empresa estatal Nación Seguros S.A., por un monto superior a los $3.000 millones. En esos acuerdos habrían intervenido al menos 25 brokers o intermediarios, una figura que —según la denuncia— habría generado sobreprecios o beneficios irregulares para terceros.

A Fernández se lo acusa formalmente de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. En el centro del expediente está el decreto 823/2021, que obligaba a los entes públicos a contratar seguros únicamente con Nación Seguros.

Desde el entorno del expresidente insisten en que la medida fue parte de una “política de Estado” para evitar la proliferación de brokers y proteger el patrimonio público.

 
El descargo: “No hay prueba alguna en mi contra”

En esta nueva presentación, el exjefe de Estado entregó un escrito de once páginas, en el que cuestionó duramente la falta de claridad de la imputación. “Es imprecisa, infundada y carece de sustento”, expresó. Fernández sostuvo que el decreto en cuestión fue una herramienta legal para limitar la discrecionalidad de los organismos públicos y no una vía para favorecer a terceros.

Además, reclamó que se produzcan las pruebas solicitadas durante su primera indagatoria y que aún no fueron incorporadas al expediente. Entre ellas, pidió que se cite a declarar a exfuncionarios como Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Adriana Guida y Miguel Pesce, quienes —según Fernández— pueden confirmar la legalidad de las decisiones tomadas por el Ejecutivo.

Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa y María Cantero.

Desde su entorno aseguran que Fernández decidió ampliar su declaración tras considerar que la causa no había avanzado con la debida imparcialidad durante la subrogancia de Ercolini. “Quiere dejar en claro su ajenidad total con las maniobras investigadas”, indicaron fuentes cercanas al exmandatario.

En paralelo, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó esta semana al juez Casanello acelerar la resolución de la situación procesal de todos los imputados. Si bien ya fueron indagados, aún no se ha definido si serán procesados.

La causa también incluye como imputados a Héctor Martínez Sosa —broker involucrado en varias contrataciones— y a su esposa, María Cantero, ex secretaria presidencial.