Escuelas especiales al borde del colapso por la falta de fondos

En medio de un panorama crítico para la educación especial en Argentina, instituciones privadas que atienden a niños y adolescentes con discapacidad alertan que el sistema está al borde del colapso. Los retrasos en los pagos, la falta de actualización de aranceles y el congelamiento del nomenclador nacional desde diciembre de 2024 generaron una crisis que, según advierten, pone en riesgo derechos básicos y podría dejar sin atención a miles de chicos en todo el país.

Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), advirtieron que la situación dejó de ser un problema administrativo para transformarse en una emergencia estructural. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, señaló la entidad.

“Los costos suben, pero los ingresos están congelados”

Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, advirtió que hoy las instituciones enfrentan un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobran y la inflación real acumulada. “Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, explicó.

El deterioro se agrava con otro factor: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con demoras de hasta 90 días. “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones”, aseguró Giorgi. “Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.

Además, subrayó que no solo están en riesgo las escuelas especiales. “Miles de chicos que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos como maestros integradores o acompañantes terapéuticos, y esos profesionales no pueden sostener su tarea si no hay condiciones mínimas”.

“La red que protegía derechos está siendo desarticulada”

Desde La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal de la institución Portal del Sol, fue contundente: “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”.

Su escuela ofrece jornada extendida y comedor, lo que multiplica los gastos. “Tenemos que afrontar aumentos salariales, de luz, gas y alimentos, mientras las cuotas permanecen congeladas”, explicó. Para Luciani, el Estado no puede mirar para otro lado: “Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros por día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.

“Es un sistema insostenible”

Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, señaló que las deudas por prestaciones ya superan los 278 millones de pesos. Según detalló, las escuelas cobran entre 90 y 120 días después de brindar los servicios, con valores desactualizados.

“Una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana. A eso se suman gastos de ortopedia, farmacia y transporte”, explicó. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”.

Sequeira también exigió que se fortalezca el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Necesitamos un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley”.

Un esfuerzo que no alcanza

Las tres voces coinciden en un punto: sin una respuesta inmediata, muchas instituciones podrían cerrar. Algunas ya redujeron servicios, otras operan con déficit, y muchas evalúan alternativas de emergencia para no cortar la atención. AIEPA advirtió que, si el Congreso no avanza con la ley de Emergencia para el sector, “las instituciones seguirán con cuotas congeladas y sin poder afrontar los costos de funcionamiento”.

“El compromiso del sector educativo es inclaudicable —concluyó Giorgi—, pero todo el esfuerzo está en riesgo”.