La crisis en la CNEA abre una discusión de fondo sobre el futuro nuclear argentino
Los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) pasaron a ocupar un lugar central en la agenda política. La tensión quedó planteada en dos frentes: una mesa de diálogo entre autoridades y gremios, prevista para este lunes, y un pedido opositor para activar de urgencia la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados.
El reclamo se desató tras la no renovación de contratos en la CNEA, una decisión que los trabajadores y sindicatos denuncian como parte de un proceso de vaciamiento. El Gobierno, en cambio, sostiene que se trató de 61 contratos vencidos el 30 de junio y que no correspondían a personal científico estratégico. ATE habla de “casi 100 despidos” y legisladores opositores elevaron la cifra a más de 170 afectados, por lo que el número final quedó en disputa y será uno de los puntos sensibles de la discusión parlamentaria.
Una mesa con los gremios después de la tensión
Tras las protestas en la sede central del organismo, en el barrio porteño de Belgrano, las autoridades recibieron a representantes sindicales y acordaron abrir una mesa de negociación. Del encuentro participó el presidente de la CNEA, Martín Porro, y el primer capítulo formal quedó pautado para este lunes.
La expectativa gremial es avanzar en reincorporaciones. Mientras tanto, las organizaciones sindicales definirán con sus bases cómo sigue el plan de lucha. La tensión no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires: en Bariloche, donde funciona el Centro Atómico, también hubo manifestaciones durante tres jornadas consecutivas.
Los trabajadores denunciaron además la presencia de efectivos de Gendarmería en torno a las protestas. Ese punto abrió otro capítulo del conflicto, porque el reclamo por las desvinculaciones quedó cruzado con acusaciones de militarización de instalaciones científicas. En Bariloche, trabajadores autoconvocados entregaron una carta a Hua Liu, director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica, durante una visita al Instituto Balseiro y al reactor RA-6.
En esa misiva, expresaron preocupación por los recortes presupuestarios, la congelación salarial, la no renovación de contratos y el despliegue de fuerzas federales en la sede central de la CNEA.
Diputados pide explicaciones
El diputado nacional Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, presentó un pedido formal para que la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por Martín Yeza, sea convocada de manera urgente. El planteo busca reunir a funcionarios, trabajadores, científicos, gremios y especialistas para discutir la situación del organismo.
Juliano pidió citar al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua; al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y al presidente de la CNEA, Martín Porro. También reclamó que participen representantes de las organizaciones gremiales con actuación en el organismo, investigadores, profesionales y autoridades del sistema científico y tecnológico nacional.
“Lo disfrazan de ajuste fiscal, pero atrás asoma un plan de vaciamiento”, sostuvo el legislador. Y agregó: “No podemos dejar pasar que despiden personal altamente calificado, gente formada durante años, le bajaron el presupuesto un 45% desde que llegaron al poder en diciembre de 2023, ya se fueron casi 500 trabajadores. Esto no es ajuste, es desmantelamiento”.
El debate por el plan nuclear
La crisis laboral se mezcla con una discusión de fondo: qué lugar tendrá el Estado en el desarrollo nuclear argentino. La CNEA, creada en 1950, trabaja en proyectos estratégicos como el CAREM, el RA-10 y desarrollos vinculados a medicina nuclear y protonoterapia.
Según datos presupuestarios relevados, en 2026 el presupuesto de la CNEA sería 58% inferior en términos reales al ejecutado en 2023, si el Gobierno no modifica las partidas. También se registró una pérdida de 389 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.
En paralelo, el Gobierno anunció un proyecto privado para construir un reactor modular en Atucha, con una inversión estimada de US$1.200 millones vinculada a Meitner Energy. Desde el oficialismo lo presentaron como una señal de expansión energética. Desde la oposición, en cambio, lo leen como parte de una transferencia de capacidades estatales hacia el sector privado.
La diputada nacional Adriana Serquis, ex presidenta de la CNEA, cuestionó el avance de esa iniciativa mientras se recortan proyectos estatales: “Es el mismo Gobierno que desfinancia el proyecto CAREM de la CNEA, un reactor nuclear modular pequeño, 100 por ciento argentino y con un 70 por ciento de avance en su construcción, para empezar desde cero uno nuevo que podría tardar muchísimo tiempo en estar listo. La entrega es total”.