Universidades lanzan una semana de lucha por salarios y financiamiento
Docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán un paro durante esta semana, del lunes 11 al jueves 14 de agosto, en reclamo por "salarios bajo la línea de pobreza" y "más presupuesto para las universidades y la ciencia", según anunció la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
La convocatoria a la medida de fuerza es contundente: "Basta de salarios bajo la línea de la pobreza ¡Paritarias ya!", señala el flyer oficial, que además exige "más presupuesto para ciencia y tecnología" y alerta que "con docentes y nodocentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible".
La Asociación de Gremios Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) respaldó la medida y recordó que desde septiembre de 2024 el gobierno nacional, con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el secretario de Educación Carlos Torrendell a la cabeza, "no convoca a paritarias".
Paro activo y visibilización del conflicto
El martes 12 de agosto habrá una jornada de visibilización del conflicto y desde ese día hasta el 14 el paro se realizará bajo modalidad activa, con asambleas y acciones en las distintas casas de estudio. La medida se enmarca en un plan de lucha decidido a fines de julio por un plenario de 25 gremios de todo el país que integran CONADU.
Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, fue tajante: “El Gobierno no escucha y continúa asfixiando a las trabajadoras y trabajadores del sistema universitario, cuyos salarios están hoy mayoritariamente bajo la línea de pobreza. Seguimos sin entender cuál es el proyecto de país que imaginan sin educación, sin ciencia y sin salud. También sin estudiantes que tengan la posibilidad de formarse y ascender socialmente a través de la educación universitaria no arancelada y de calidad”.
El proyecto de financiamiento universitario, en juego en el Senado
El paro se da en un contexto delicado para el sistema universitario nacional, en paralelo con la reciente aprobación en Diputados del proyecto de financiamiento universitario, que ahora espera tratamiento en el Senado. El proyecto busca aumentar progresivamente el presupuesto universitario hasta llegar al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2031 y recomponer los salarios docentes y no docentes con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Además, contempla la convocatoria obligatoria a paritarias tras 18 meses sin acuerdos, garantiza fondos para funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión, y crea un fondo especial de 10 mil millones de pesos para fomentar carreras estratégicas, como las vinculadas a la Inteligencia Artificial. También amplía el sistema de becas con criterios de inclusión y equidad.
Dudas y tensiones en el Senado
Aunque la iniciativa cuenta con apoyo en Diputados, el tratamiento en el Senado genera incertidumbre. El interbloque kirchnerista aspira a discutir el proyecto esta semana entrante, pero senadores dialoguistas, que votaron a favor de leyes como jubilaciones y emergencia en discapacidad, ponen en duda la rapidez del trámite.
Un senador opositor advirtió: “Hay que ver cuándo lo giran y a qué comisiones. En el mejor de los casos, esto va a llevar dos semanas o tres”.
El clima político está tenso, con un trasfondo electoral evidente: la aprobación de estas leyes llega pocos días antes del cierre de listas para las elecciones legislativas del 17 de agosto y en medio de la campaña para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, donde se enfrentan la coalición oficialista Libertad Avanza y el peronismo.
La polémica por el veto presidencial
Cabe recordar que el presidente Javier Milei ya vetó en 2024 una iniciativa similar, argumentando que atentaba contra un supuesto “déficit cero”. Por eso, existe preocupación en el sector universitario sobre el futuro del proyecto si el Senado lo aprueba.
En cuanto a la recomposición salarial, el proyecto establece compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de asegurar actualizaciones bimestrales no inferiores a la inflación. También dispone que en 2025 se incorporen al básico todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
Para reforzar el control, la Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá la responsabilidad de realizar la supervisión administrativa de las universidades estatales y remitirá informes y planes de seguimiento al Congreso.