Otro escándalo para el gobierno: denuncian sobreprecios millonarios en PAMI
El PAMI, bajo la dirección de Esteban Leguízamo y con la supervisión del Ministerio de Salud que lidera Mario Lugones, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por un escándalo de sobreprecios millonarios. Esta vez, el foco está en la adquisición de lentes intraoculares para cirugías de cataratas, con una licitación que alcanza los 80 mil millones de pesos.
Según denuncias de oftalmólogos prestadores de la obra social, los precios de los lentes adquiridos por el PAMI están entre 5 y 10 veces por encima del valor de mercado. La periodista Luciana Geuna, en un informe difundido por TN, reveló que la obra social de los jubilados está pagando entre 150 mil y 300 mil pesos por cada lente, mientras que el costo promedio en el mercado es de aproximadamente 35 mil pesos.
El giro polémico en la licitación: de compras individuales a una licitación masiva
El cambio en el mecanismo de compra, que fue implementado en agosto, ha sido señalado como el origen del sobreprecio. Hasta julio, cada oftalmólogo compraba los lentes y luego rendía la factura al PAMI, que cubría los costos junto con los honorarios médicos. Sin embargo, el nuevo sistema de compras masivas, que involucra una licitación de 80 mil millones de pesos, disparó los costos de manera alarmante.
El gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), liderado por Rodolfo Aguiar, ha sido uno de los actores principales en las denuncias. Aguiar acusó al PAMI de haber centralizado las compras con el fin de instalar un esquema de corrupción. Según sus declaraciones, "los valores son 5 veces más caros que los de mercado", y lo peor es que "los insumos adquiridos son de menor calidad". Además, denunció que los jubilados ya están sufriendo graves consecuencias debido a los productos defectuosos.
Una trama que se complica: retornos y falta de controles
Las acusaciones no se limitan solo a los sobreprecios. Desde el gremio ATE, también se menciona la existencia de "retornos" en las operaciones y la falta de controles y auditorías, que habrían facilitado el desvío de fondos. "No es casual que desde que asumió este gobierno, hayan eliminado todos los controles", agregó Aguiar, quien advirtió que la corrupción podría ir mucho más allá de los sobreprecios evidentes.
En este contexto, Aguiar no descartó presentar una denuncia judicial para que se investigue en profundidad el escándalo. Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Investigación especializada en PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo, ya ha iniciado una investigación preliminar para esclarecer las irregularidades.
El PAMI defiende su postura: comparaciones con otros financiadores
Frente a las denuncias, el PAMI ha emitido un comunicado en el que defiende su postura. Según el organismo, los costos que paga por los lentes intraoculares son más bajos en comparación con otras obras sociales y financiadores del sistema de salud. "El mismo lente, con la misma práctica, lo paga la obra social del Poder Judicial a 740 mil pesos y prepagas como OSDE a 1.148.016 pesos. PAMI paga más bajo en parte por los grandes volúmenes que maneja", argumentó el organismo.
Sin embargo, las comparaciones realizadas por el PAMI no han logrado calmar las críticas de los especialistas y gremialistas, que insisten en que la calidad de los insumos adquiridos es cuestionable y que los jubilados se están viendo directamente afectados por esta situación.
La sombra de otros escándalos en el Ministerio de Salud
Este nuevo escándalo vuelve a dejar a Mario Lugones en el centro de la polémica. El ministro de Salud ya había sido señalado por su vinculación en el caso de las coimas en la ANDIS (Administración Nacional de Discapacidad), un área que, en teoría, depende de su cartera. Además, el reciente escándalo del fentanilo contaminado, que ya dejó 97 muertes, había puesto en evidencia la falta de control en los organismos de salud bajo su mando.
El PAMI, por su parte, continúa bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien hasta el momento no ha dado una respuesta contundente sobre las denuncias.
Con la magnitud de la licitación, el monto comprometido y la gravedad de las denuncias, este nuevo escándalo resalta los cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión pública del gobierno de Javier Milei. Mientras se avanza con la investigación judicial, las sospechas de corrupción y mala gestión siguen rondando el ámbito de la salud pública.