Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Kirchner
La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que Cristina Fernández de Kirchner no deberá afrontar el pago de un resarcimiento de 22.300 millones de pesos en la causa Vialidad. El tribunal consideró que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dejó vencer los plazos procesales y, en consecuencia, declaró la caducidad de la instancia.
El beneficio también alcanza a los demás condenados en la causa, lo que significa que el Estado no podrá cobrar la indemnización reclamada.
Los jueces y la votación dividida
El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, integrada por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar. Los dos primeros acompañaron la decisión de primera instancia, mientras que Nallar votó en disidencia.
En su resolución, los jueces remarcaron que corresponde a la parte actora –en este caso la DNV– impulsar el avance del proceso y no dejar que transcurran seis meses sin actividad judicial útil.
El origen de la demanda civil
La acción civil había sido presentada en 2008 en paralelo al proceso penal por presuntas irregularidades en la obra pública. El objetivo era que Cristina Kirchner y otros acusados indemnizaran al Estado por el perjuicio económico señalado en los expedientes.
Sin embargo, el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos entendió en agosto de 2024 que se había configurado la caducidad del proceso. Ese criterio fue ratificado esta semana por los camaristas.
La apelación del Gobierno nacional
El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Vialidad, apeló la medida y cuestionó que el fallo resultaba arbitrario. Argumentó que existían actos procesales válidos que habían sido pasados por alto.
De todas formas, la mayoría de la Cámara rechazó ese planteo y sostuvo que la inactividad procesal fue suficiente para decretar la caducidad.
Situación actual de Cristina Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner continúa cumpliendo su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad bajo el régimen de prisión domiciliaria en su domicilio de Constitución.
El cierre de la demanda civil evita que deba enfrentar un juicio multimillonario, aunque la sentencia no impide que, en el futuro, el Estado pueda iniciar un nuevo reclamo.