La Justicia ratifica audios en el caso Discapacidad y corrupción
El juez federal Sebastián Casanello desestimó este viernes el pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El planteo había sido impulsado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, quienes cuestionaron la validez de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la agencia, donde se expondrían mecanismos ilícitos en la compra de medicamentos.
Los argumentos de la defensa
El abogado Martín Magram sostuvo que las grabaciones eran ilegales porque podrían haber sido manipuladas o tomadas sin consentimiento. Según su planteo, esas escuchas vulneraban derechos constitucionales y no podían ser usadas como base para la investigación.
El juez consideró que el planteo se apoyaba en “argumentos especulativos y contradictorios”, ya que la propia defensa admitió no conocer en detalle el expediente y basarse en trascendidos periodísticos.
La posición del juez
En su fallo, Casanello recordó que la nulidad de un acto procesal solo puede sostenerse frente a defectos sustanciales y no por simples vicios formales, salvo que se verifique una violación grave de garantías constitucionales.
Además, subrayó que la defensa intentó dar a los audios el carácter de “prueba única” cuando, por el momento, no lo tienen.
La validez de los audios
El juez citó jurisprudencia nacional e internacional que avala la incorporación de grabaciones privadas en procesos penales, siempre que no sean obtenidas de manera ilegal por funcionarios públicos.
“Uno resigna sus expectativas de intimidad al conversar con otro”, recordó el fallo, marcando que no existen normas que prohíban a un particular grabar una conversación.
Las querellas y el fiscal
La organización Poder Ciudadano, querellante en el expediente, había pedido rechazar la nulidad y destacó que los audios constituyen una “notitia criminis” suficiente para abrir la investigación. El Ministerio Público Fiscal también se opuso, señalando que Spagnuolo, por su condición de funcionario, tenía un margen de privacidad limitado y que las conversaciones habrían sido tomadas en un ámbito público.
La causa involucra a funcionarios y referentes cercanos al oficialismo, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en la investigación aunque sin pruebas concluyentes hasta el momento. Con este fallo, el expediente continuará su curso y los audios seguirán bajo análisis como parte del material probatorio en la causa.