La UBA va a la Justicia para hacer cumplir la Ley de Financiamiento
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió avanzar judicialmente contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso pero con su aplicación suspendida hasta que el Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, el cuerpo sostuvo que el decreto que promulga la ley pero suspende su ejecución “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Reclamo por derechos vulnerados
Según la UBA, la suspensión “vulnera derechos constitucionalmente establecidos” al impedir que el sistema universitario acceda al financiamiento y a la recomposición salarial previstos en la norma. Por eso, el Consejo instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales necesarias “para exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”.
La resolución fue registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC y ordena comunicar la medida a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad, con el fin de garantizar la difusión de la decisión en toda su comunidad académica.
Emergencia presupuestaria
El Consejo Superior fundamentó la medida en la crítica situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En sus considerandos, expresó “profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las universidades nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
La UBA recordó que ya había declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria, y advirtió que la ley aprobada por el Congreso tiene como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio del país, además de la recomposición salarial de sus trabajadores”.
Una crisis que se profundiza
El documento aprobado por unanimidad advierte que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras”, y que su no aplicación “solo sigue profundizando esta crisis”.
El texto también señala que “la no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”.
Llamado al cumplimiento inmediato
En otro tramo, el Consejo Superior remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
Para la UBA, el cumplimiento de la ley es esencial no solo para garantizar la educación pública y gratuita, sino también para preservar la institucionalidad democrática del país.
Antecedentes recientes
El conflicto se origina luego de que el Gobierno promulgara la Ley 27.795 —que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente—, pero suspendiera su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
La medida fue oficializada a través del Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial, bajo el argumento del impacto fiscal que la norma podría generar en las cuentas públicas. En la misma línea, también quedó suspendida la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, y anteriormente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Un nuevo frente institucional
Con esta decisión, la Universidad de Buenos Aires se convierte en la primera institución del sistema público universitario en llevar el reclamo al ámbito judicial. El caso promete abrir un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el sistema educativo nacional, en un contexto marcado por la falta de recursos, la caída salarial y la emergencia presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país.