General Madariaga dijo basta: la gestión de Santoro, golpeada por el voto y el malestar social
La Unión Cívica Radical fue derrotada en las urnas de General Madariaga y el impacto directo recayó sobre el intendente Esteban Santoro. Tras haber jugado en septiembre dentro del armado de Somos Buenos Aires, el jefe comunal optó esta vez por correrse de la disputa interna y otorgar “libertad de acción” a sus votantes en las elecciones nacionales de octubre. El resultado fue lapidario: las dos listas radicales —Provincias Unidas y la alianza con la Coalición Cívica— se desplomaron en el distrito, mientras La Libertad Avanza se alzó con una victoria contundente.
La caída expuso un creciente descontento con la gestión municipal, señalada por sectores opositores como “autoritaria” y cuestionada por presuntas irregularidades en contrataciones, falta de transparencia, escasa atención a reclamos barriales e ineficiencias en áreas sensibles como seguridad y salud.
Contratos bajo la lupa y falta de controles
Uno de los episodios más críticos fue detallado tiempo atrás por el concejal del Frente de Todos – PJ, Carlos Caro, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM. Allí recordó el caso de las multas de las rutas 74 y 56, donde el municipio percibe importantes sumas por infracciones vehiculares. Según Caro, en 2022 el Ejecutivo decidió otorgar “en forma directa” la concesión del servicio a una empresa pese a que —afirma— la normativa exigía una licitación pública nacional.
“Lo hicimos saber en el Concejo y la mayoría oficialista automáticamente levantó la mano”, señaló. Tras la presentación ante el Tribunal de Cuentas, agregó, ese organismo les dio la razón y obligó a convocar a una licitación, lo que implicaría revisar el contrato previo y evaluar mejoras para la recaudación municipal.
Tensión con los vecinos y reclamos sin respuesta
El concejal también describió un clima de confrontación permanente entre la gestión local y los vecinos que piden mejoras básicas. “Si un vecino reclama un polvo de piedra, un desagüe o iluminación, lo primero que dice el intendente es que habría que ver si ese vecino paga las tasas”, apuntó.
Aseguró que, aunque las transferencias provinciales aumentaron y los fondos “llegan correctamente”, el municipio invierte “donde quiere invertir, no donde el vecino necesita”. Entre los ejemplos mencionó barrios sin alumbrado público, falta de arbolado y demoras en obras simples pese a que —indicó— Santoro ya lleva diez años al frente del municipio.
Salud y seguridad: dos frentes sensibles
En materia sanitaria, Caro explicó que el hospital municipal y los CAPS representan cerca del 42% del presupuesto local. Sin embargo, remarcó que persisten dificultades por la falta de profesionales, especialmente en pediatría, lo que obliga a derivar pacientes a Mar del Plata o La Plata.
En seguridad, describió una situación similar a la del resto de los distritos del interior bonaerense: “Lo mismo que acontece en todos lados está pasando en Madariaga”, dijo, atribuyendo parte del problema a la crisis económica y la caída de ingresos vinculada a la estacionalidad laboral.
Otro punto polémico fue la decisión del Ejecutivo de pedir el traslado de la defensoría oficial que funcionaba en Madariaga desde 2015. “El intendente alegaba que servía a los delincuentes. Es una opinión errónea”, sostuvo Caro, recordando que el derecho a defensa está garantizado por la Constitución y que la oficina cumplía una función de contención para familias vulnerables.
Una gestión acusada de autoritaria y unilateral
Para Caro, la administración Santoro “se ha sabido hamacar de acuerdo a las condiciones”, pero opera “de forma autoritaria muchas veces y de forma unilateral”, sin diálogo con la oposición. Todo ese malestar acumulado terminó por expresarse con contundencia en las urnas, dejando a la UCR golpeada y a la gestión local bajo una presión política sin precedentes desde su llegada al poder.