Presupuesto 2026: artículo enciende alarmas en territorios y en el Congreso

Mientras el Gobierno se prepara para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, la discusión por el Presupuesto 2026 vuelve a instalarse en el centro de la escena política. El oficialismo deberá reiniciar el trámite legislativo luego de que el dictamen obtenido en Diputados caducara con el cierre del período ordinario, lo que obliga a firmar uno nuevo desde el inicio. En ese contexto, la oposición dialoguista ya observa con cautela los contenidos del proyecto, especialmente el artículo 30, que generó una rápida reacción en municipios y provincias debido al alcance de los recortes propuestos en materia de educación y defensa.

El artículo 30 bajo la lupa de provincias y municipios

Las advertencias comenzaron a multiplicarse en los últimos días. El artículo 30 del proyecto busca derogar una serie de normas que actualmente garantizan el financiamiento del sistema educativo, de la educación técnico profesional, de la ciencia y tecnología, y del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). La medida encendió alertas tanto en legislaturas provinciales como en concejos deliberantes, que elevaron pronunciamientos públicos contra el eventual impacto que tendría la eliminación de estas obligaciones presupuestarias.

Los primeros rechazos formales provinieron de la Cámara alta de Corrientes y del Concejo Deliberante de Florencio Varela. Allí, representantes locales advirtieron sobre las consecuencias que la derogación implicaría para escuelas técnicas, programas educativos y estructuras de formación profesional, así como para el sostenimiento del financiamiento destinado a defensa.

Qué normas busca derogar el Ejecutivo

El proyecto propone dejar sin efecto el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece que el Estado debe garantizar que el presupuesto consolidado destinado exclusivamente a educación no sea inferior al 6% del PBI, una de las metas centrales alcanzadas tras años de discusión federal.

También impulsa la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614, que definen el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A su vez, plantea eliminar el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, que creó el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, financiado con un monto anual no menor al 0,2% de los ingresos corrientes del Presupuesto del Sector Público Nacional.

Finalmente, el artículo apunta a derogar el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565, que establece la integración progresiva del FONDEF con porcentajes específicos de los ingresos corrientes del Estado nacional.

Los impactos en educación: financiamiento, programas y escuelas técnicas

La Cámara de Senadores de Corrientes declaró su “contundente rechazo” al artículo 30, remarcando que la medida perjudica “el funcionamiento de 170 Escuelas Técnicas en el territorio de la provincia, restringiendo con ello el derecho a la educación de miles de jóvenes”. La advertencia se centra especialmente en el financiamiento del Fondo para la Educación Técnico Profesional, del cual dependen obras, equipamiento y materiales educativos.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Florencio Varela detalló que los fondos del programa se utilizan para “la construcción, ampliación y refacción de infraestructura de las instituciones, equipamiento para los entornos formativos, materiales para los proyectos de los estudiantes”, además de sostener “la consolidación de diferentes programas de acompañamiento para el avance las trayectorias educativas y su finalización” y la “revinculación” de adolescentes desvinculados del sistema educativo. Legisladores locales remarcaron que, sin estas partidas, quedarían en riesgo múltiples iniciativas vinculadas a la educación técnica y profesional.

Un punto sensible para defensa: la evolución del FONDEF

El artículo también abarca la estructura del FONDEF, creado para el reequipamiento y modernización del sistema de defensa. La ley actualmente vigente define que el fondo se integra, de manera escalonada, con un 0,35% de los ingresos corrientes en 2020, 0,5% en 2021, 0,65% en 2022, y hasta alcanzar el 0,8% en 2023, porcentaje que se mantiene en los ejercicios subsiguientes. Su eventual derogación coloca al nuevo ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, frente a un escenario complejo, dado que deberá gestionar el área sin la estructura legal de financiamiento que funcionó como piso en los últimos años.

El desafío legislativo para aprobar el Presupuesto 2026

Para que el Gobierno logre sancionar el Presupuesto 2026 antes de fin de año, deberá avanzar con un trámite acelerado. En Diputados será necesario obtener dictamen apenas comiencen las extraordinarias y aprobarlo rápidamente para que el Senado cuente con, al menos, dos semanas de trabajo. A esto se suma el plazo reglamentario de siete días, que se debe respetar al no haber posibilidad de alcanzar los dos tercios que permitirían habilitar el tratamiento sobre tablas.

Si las negociaciones entre las cúpulas políticas avanzan y se arriba a un acuerdo, la Cámara alta podría incluso sesionar el lunes 29. Sin embargo, desde la oposición consideran improbable ese escenario por el momento. Paralelamente, el oficialismo aspira a abrir otros debates durante las extraordinarias, como inocencia fiscal, reforma laboral y modificaciones al Código Penal, una agenda extensa que continuará discutiéndose durante febrero de 2026.