Reforma laboral: los cambios que trae el borrador que preparó el Gobierno
El nuevo borrador de la reforma laboral flexibiliza vacaciones, habilita bancos de horas y limita indemnizaciones. Enterate de todo, lo que cambia ya.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su objetivo de transformar el mercado laboral argentino y presentó un borrador ampliado de la reforma que negocia con empresarios, sindicalistas y especialistas. El texto apunta a reducir la litigiosidad, modernizar procesos administrativos y flexibilizar modalidades laborales que, según el Ejecutivo, quedaron desactualizadas frente a los cambios económicos y tecnológicos de los últimos años.
La iniciativa vuelve a tensar la agenda política: las centrales sindicales advierten que la reforma debilita derechos históricos, mientras que el sector empresario la considera una oportunidad para impulsar la formalización y reducir costos. Aunque el proyecto aún no tiene fecha confirmada de ingreso al Congreso, las negociaciones avanzan y la redacción actual ya anticipa cambios profundos.
Vacaciones: se mantiene el derecho, pero aumenta la flexibilidad
El borrador ratifica el derecho al descanso anual remunerado, pero redefine su organización. Las vacaciones deberán otorgarse entre octubre y abril, con un aviso al trabajador de al menos 45 días. Se habilita, además, el fraccionamiento del período vacacional, una demanda recurrente de sectores productivos estacionales y también de trabajadores con hijos en edad escolar.
El Gobierno incorporó una novedad clave: empleadores y trabajadores podrán acordar, individual o colectivamente, extender el período de vacaciones más allá de los mínimos legales. La intención oficial es permitir esquemas más flexibles y evitar acumulaciones forzadas de días pendientes.
Banco de horas y fin de la jornada rígida
Uno de los puntos más discutidos es la habilitación del banco de horas. El proyecto permite, mediante convenio, reemplazar horas extra por días de descanso compensatorio. Es decir, la jornada podrá extenderse en algunos días y reducirse en otros, siempre dentro del límite máximo legal semanal.
El borrador fija un descanso obligatorio mínimo de 12 horas entre jornadas y un descanso semanal no menor a 35 horas. También aclara que cualquier modificación de la jornada necesita el aval de convenios colectivos o acuerdos específicos, lo que deja margen a cada sector para definir su esquema productivo.
Los sindicatos alertan que este cambio podría traducirse en mayor presión sobre el tiempo de trabajo y menos pago de horas extra. Para el Gobierno, en cambio, se trata de una herramienta moderna que permite compatibilizar empleo formal con picos de actividad.
Indemnizaciones y despidos: nuevos mecanismos y topes de cálculo
La reforma propone transformar el sistema de indemnizaciones. Aunque se mantiene la posibilidad de cobrar la indemnización tradicional por despido sin causa, el cálculo se restringe a salarios básicos y remuneraciones ordinarias, dejando afuera pagos extraordinarios, premios o montos transitorios.
Otra novedad relevante es la posibilidad de que cada sector adopte un fondo de cese laboral o un seguro, inspirado en modelos vigentes en otros países. Ese fondo sería financiado por aportes mensuales y cubriría parte o la totalidad del costo en caso de despido. La medida divide aguas: mientras algunos la ven como un mecanismo de previsibilidad, otros temen que reduzca la protección del trabajador frente a la arbitrariedad empresarial.
Para los despidos con causa, la reforma incorpora la obligación de justificar claramente los motivos y notificar al trabajador por vía electrónica. La persona tendrá derecho a defensa, tanto administrativa como judicial, y deberá quedar constancia del intercambio completo.
Plataformas digitales: reconocimiento del vínculo laboral
Uno de los aspectos más novedosos es la incorporación de un régimen específico para trabajadores de plataformas. El borrador reconoce formalmente la relación laboral para quienes prestan servicios de movilidad, reparto o tareas digitales bajo control de aplicaciones. Esto obliga a las empresas a registrar a los trabajadores, aportar a la seguridad social, garantizar cobertura ante accidentes y respetar límites de jornada y descanso.
La industria tecnológica observa con cautela este punto: algunas plataformas ven con riesgo un esquema que aumenta costos y rigidez, mientras que organizaciones de repartidores valoran la protección frente a accidentes y la previsibilidad salarial.
Digitalización obligatoria: menos papeles, más control
El proyecto impulsa la digitalización de recibos de sueldo, constancias laborales, asistencia y documentación interna. Todo tendrá validez legal equivalente al formato en papel. La medida busca modernizar procesos, reducir burocracia y facilitar inspecciones, ya que la información deberá estar disponible en tiempo real para organismos de control.
Para las empresas, la digitalización promete simplificar trámites. Para los trabajadores, el desafío será garantizar que el acceso a la documentación sea sencillo, trazable y sin restricciones.
Críticas: flexibilización, precarización y riesgos jurídicos
Las centrales sindicales advierten que el proyecto reduce la protección laboral y abre la puerta a mayor precarización. Señalan como puntos sensibles la flexibilización de la jornada, el banco de horas, el fondo de cese y el recorte en el cálculo indemnizatorio.
Especialistas en derecho laboral también observaron que la compensación de horas puede derivar en jornadas largas, sin pago adicional, si los controles no son estrictos. A esto se suma la preocupación por la digitalización obligatoria, que podría exponer datos sensibles si no se garantiza un protocolo robusto.
Un debate que recién empieza
Aunque el borrador avanzó en su redacción, todavía no hay un texto definitivo. Parte de la letra chica quedará en manos de las negociaciones sectoriales: bancos de horas, fondos de cese, ampliaciones de vacaciones y modalidades de trabajo podrán variar según rama o convenio colectivo.
La discusión promete ser una de las más fuertes de 2026. Para el Gobierno, la reforma es un requisito para impulsar empleo formal y reducir costos. Para los sindicatos, es un retroceso que desprotege al trabajador en un mercado atravesado por la incertidumbre económica.
El proyecto final será determinante para entender qué tipo de modelo laboral se busca construir en la próxima etapa política del país.
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