Punta Mogotes: nuevo capítulo judicial y proyecto en marcha
El conflicto por la administración del complejo balneario de Punta Mogotes sumó en las últimas semanas nuevos capítulos tanto en el plano judicial como en el político-institucional. Mientras avanza la disputa entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón por la municipalización del predio, el gobierno bonaerense decidió profundizar su estrategia: presentó un recurso extraordinario federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en paralelo, reactivó iniciativas vinculadas a la puesta en valor del complejo.
Según trascendió, la presentación judicial fue realizada por la Fiscalía de Estado ante la Suprema Corte bonaerense, luego de que el máximo tribunal provincial rechazara una queja de la Provincia y habilitara que el expediente continúe tramitándose en los tribunales contencioso administrativos de Mar del Plata. Con ese nuevo recurso, el Ejecutivo bonaerense busca que el caso sea revisado en la instancia federal.
El planteo ante la Corte Suprema
El recurso extraordinario federal no apunta aún al fondo del conflicto —relacionado con la deuda que la Municipalidad consignó para denunciar el convenio vigente— sino al encuadre procesal de la causa. Según el planteo provincial, la discusión es de naturaleza patrimonial y de derecho privado, por lo que no debería tramitar en el fuero contencioso administrativo ni en Mar del Plata, sino ante la justicia civil con asiento en La Plata.
Desde la Provincia sostienen que el criterio adoptado por la Suprema Corte bonaerense genera un “perjuicio institucional de gravedad”, al obligar a litigar ante jueces que considera material y territorialmente incompetentes. En ese marco, el escrito advierte que permitir que el proceso avance bajo una competencia que se considera errónea afecta la garantía del juez natural y podría provocar un daño irreparable, incluso ante una eventual sentencia favorable.
El trámite ahora quedó en manos de la Suprema Corte bonaerense, que deberá definir si concede o no el recurso. El secretario del tribunal, Juan José Martiarena, ya dio traslado del pedido a la Municipalidad de General Pueyrredón para que lo conteste. Este paso, además, posterga los tiempos del expediente, ya que los plazos procesales se reanudarán luego de la feria judicial de febrero de 2026.
Obras y proyectos, pese al litigio
En paralelo al avance judicial, la Provincia volvió a mover fichas en el terreno político y administrativo. Días atrás se conoció la firma de un nuevo convenio entre la Administración Punta Mogotes (APM) y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires para relanzar el Concurso de Ideas destinado a la renovación del complejo balneario, con el aval del Ministerio de Producción bonaerense.
La iniciativa había sido suspendida en octubre de 2025 por una medida cautelar dictada por el juez Simón Isacch, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Mar del Plata, luego de un planteo del Municipio que advirtió sobre la necesidad de preservar el statu quo mientras se dirime la titularidad del predio.
Pese a ese antecedente, la Provincia decidió avanzar nuevamente. Desde el Ministerio de Producción bonaerense difundieron el acuerdo a través de redes sociales, donde señalaron que el concurso apunta a “impulsar y acompañar la puesta en valor del Complejo Balneario Punta Mogotes” e involucra a profesionales, gestores y a la sociedad, con el objetivo de “preservar el patrimonio provincial”.
En el acto de firma del convenio participaron la subsecretaria de Turismo de la Provincia, Soledad Martínez; el presidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos bonaerense, Alejandro Latorre; y el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude.
Un conflicto de larga data
Punta Mogotes es administrado desde hace más de cuatro décadas por la APM, un ente interjurisdiccional integrado en un 70% por la Provincia y en un 30% por el Municipio, aunque en la práctica las decisiones quedan en manos del Ejecutivo bonaerense.
En agosto de 2024, la Municipalidad de General Pueyrredón inició una demanda judicial para recuperar el control del complejo, luego de consignar el pago de una deuda de $14.069.819,46 que, según su planteo, permitiría denunciar el convenio vigente. La Suprema Corte bonaerense ratificó recientemente que el expediente continúe en Mar del Plata, una definición que fue celebrada por el gobierno municipal.
Con el recurso extraordinario federal y la reactivación de proyectos, la disputa por Punta Mogotes entra ahora en una nueva etapa, a la espera de definiciones clave tanto en los tribunales como en el plano institucional.