Detenciones de la SIDE: el DNU suma rechazo y va al Congreso
El Gobierno nacional quedó en el centro de una fuerte controversia política e institucional tras la publicación del DNU 941/2025, que redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilita a sus agentes a detener personas en casos de flagrancia. Frente a una catarata de críticas que atraviesa a la oposición política, el sindicalismo y distintos sectores sociales, desde la Casa Rosada salieron a prometer la elaboración de “un protocolo” para regular esas aprehensiones y acotar el alcance de la medida.
El decreto, firmado por Javier Milei el 31 de diciembre y publicado como la primera norma del Boletín Oficial de 2026, autoriza a los agentes de inteligencia a detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la obligación de brindar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”. Sin embargo, el texto no precisa qué se entiende por delitos flagrantes ni bajo qué circunstancias concretas los agentes quedarían habilitados para actuar.
Ante ese vacío, desde el Ejecutivo insistieron en que el protocolo “buscará establecer con la mayor precisión posible bajo qué circunstancias puntuales los agentes van a estar habilitados para aprehender personas”, además de especificar qué personal estará afectado a dichas tareas. La aclaración llegó luego de que se multiplicaran las advertencias que vinculan el DNU con intentos de disciplinamiento o persecución de sectores críticos.
Una reconfiguración profunda del sistema de inteligencia
El DNU 941 introduce una profunda reorganización del sistema de inteligencia nacional. Coloca las actividades de la SIDE bajo la órbita de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplaza a la División de Asuntos Internos, y crea la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), integrada por organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF, con funciones de producción y coordinación.
También establece la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que incorporará ministerios y organismos civiles para aportar información estratégica, aunque sin realizar tareas específicas de inteligencia. El decreto fija además que todas las actividades del sistema tendrán carácter “encubierto”, con el argumento de minimizar el “Riesgo Estratégico Nacional”.
Aunque el texto prohíbe expresamente el espionaje por razones políticas, ideológicas o religiosas, así como la presión sobre medios de comunicación, partidos políticos o la opinión pública, las críticas se concentraron en la ampliación de facultades coercitivas y en la falta de control parlamentario efectivo. En los hechos, el control político de la SIDE quedó bajo una estructura donde el asesor presidencial Santiago Caputo aparece con un rol central, aun sin figurar formalmente en el organigrama.
Rechazo sindical y cuestionamientos de casi todo el arco opositor
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU y denunció que la norma “incrementará la opacidad y el poder sin control parlamentario” de la SIDE. “Esta decisión deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica”, advirtió la central obrera, que alertó sobre la transformación de los agentes en una “policía secreta” y la habilitación de detenciones sin orden judicial.
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma fueron en la misma línea. En un comunicado conjunto, sus secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky afirmaron que el decreto cristaliza una “arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social” y lo calificaron como “un golpe a la democracia, a la Constitución y a las garantías republicanas”.
El rechazo también se extendió al plano político. Unión por la Patria, el PRO, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica manifestaron reparos, con distintos matices. Desde el bloque del PRO anunciaron la conformación de un equipo especializado para analizar el alcance operativo del decreto y reclamaron conocer los protocolos de uso y las reglas de empeñamiento.
Agustín Rossi, diputado de UxP y ex titular del organismo, advirtió que la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia habilita un accionar discrecional contra actores de la sociedad civil y afirmó que la SIDE pasará a funcionar como una “policía secreta” sin control. Myriam Bregman sostuvo que el decreto es inconstitucional, Alejandra Vigo reclamó que cualquier reforma sea debatida en el Congreso y Maximiliano Ferraro pidió la urgente convocatoria de las comisiones bicamerales.
El DNU llega al Congreso con plazos y votos en disputa
Más allá del rechazo público, el decreto ya abrió un escenario inmediato en el Congreso. El Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para remitir formalmente el DNU y, una vez ingresado, las comisiones competentes cuentan con otros diez días para tratarlo. Cumplidos esos plazos, hacia el 29 de enero, cada Cámara podrá autoconvocarse y votar su rechazo aun sin dictamen.
En ese contexto, distintos bloques opositores comenzaron a hacer sus propios conteos. Con Unión por la Patria, la Izquierda y espacios provinciales, el número para rechazar el decreto se acerca al quórum necesario, aunque todavía restan definiciones. El oficialismo, en tanto, empuja la discusión en pleno receso legislativo, con el riesgo de enfrentar una derrota política temprana en el arranque del año.