Pettovello cargó contra organizaciones sociales por el reclamo de alimentos
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, salió con dureza a cuestionar a las organizaciones sociales que reclamaron judicialmente la entrega de alimentos a 30 comedores comunitarios y logró que se habilitara la feria judicial para tratar el pedido. Desde la cartera acusaron a esos sectores de “lucrar con la intermediación de la pobreza” y de utilizar el sistema judicial con fines políticos y mediáticos.
La respuesta oficial llegó luego de que la Justicia aceptara habilitar la feria para avanzar con el reclamo impulsado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El comunicado de Capital Humano y las acusaciones
En un escrito presentado ante la Justicia, el Ministerio sostuvo que los planteos de urgencia alimentaria “contradicen de manera contundente los discursos de emergencia utilizados con fines políticos y mediáticos por sectores de la oposición”.
Según detalló la cartera, el martes 6 de enero las organizaciones solicitaron la habilitación de la feria judicial bajo el argumento de que existían “riesgos graves e inminentes” para los sectores vulnerables, de los cuales se arrogan ser sus representantes.
En ese marco, Capital Humano afirmó que el 5 de enero convocó a representantes de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, nucleada en la UTEP, para la firma de convenios vinculados a los merenderos y comedores que administra.
La convocatoria que no se concretó
Desde el Ministerio explicaron que la firma de esos convenios es un paso indispensable para garantizar la continuidad de los fondos y la asistencia alimentaria. Sin embargo, aseguraron que la convocatoria fue rechazada.
“Dicha asociación rechazó el día 7 de enero, por correo electrónico, una convocatoria para firmar los convenios de renovación, al aducir que las autoridades se encontraban de vacaciones”, señalaron.
Para la cartera, esa conducta “contrasta con el relato de urgencia y crisis alimentaria” que, según el Gobierno, las organizaciones instalaron en los medios y ante la Justicia.
“Lucran con la intermediación de la pobreza”
El Ministerio fue más allá y cuestionó con dureza a las entidades involucradas. “Resulta inadmisible que, mientras se acusa falsamente al Ministerio de demorar trámites y se pide habilitar ferias judiciales para agilizar procesos, las propias organizaciones no prioricen la firma de convenios que permitirían el acceso inmediato a los recursos”, sostuvo.
En el mismo comunicado, Capital Humano defendió su política social y aseguró que viene desplegando una “política activa y comprometida en la asistencia alimentaria”, tanto a través de comedores como de ayudas directas, lo que —según afirmó— se refleja en una reducción de la pobreza.
La cartera concluyó con una acusación directa: detrás de los reclamos no habría voluntad de resolver, sino una estrategia para “generar conflicto, desprestigiar institucionalmente al Ministerio y personalmente a la ministra Sandra Pettovello”.
La respuesta de las organizaciones sociales
Desde las organizaciones rechazaron las acusaciones oficiales y afirmaron que el Gobierno viene demorando la entrega de alimentos sin justificación. “Todo lo que sabemos o avanzamos es a través de la vía judicial y mientras tanto los comedores no tienen los alimentos”, señalaron.
Además, remarcaron que el reclamo incluye a 30 comedores que, según indicaron, no reciben asistencia desde comienzos de 2024. En ese sentido, denunciaron que el Ejecutivo estaría incumpliendo un fallo judicial dictado en noviembre de 2024, que fue confirmado a fines de 2025 por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Justicia habilitó la feria judicial
El conflicto escaló esta semana luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 resolviera habilitar la feria judicial para tratar el reclamo presentado por el CELS y la UTEP, con el objetivo de evitar que el receso interrumpa el cumplimiento de una medida cautelar ya vigente.
La presentación había sido realizada ante la paralización de los plazos procesales durante la feria, lo que —según advirtieron las organizaciones— impedía avanzar con las intimaciones necesarias para incorporar a los comedores a la política alimentaria estatal.
El rol del Ministerio Público Fiscal
El pedido fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la habilitación. En su intervención, el fiscal subrayó que está comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y que el colectivo afectado atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.
Con esos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente. Además, ordenó incorporar una presentación del Ministerio de Capital Humano y correr traslado a las organizaciones para que fijen su postura antes de definir los próximos pasos.