Fondos, salarios y autonomía: los puntos que traban la reforma de salud bonaerense
La reforma sanitaria que impulsa Axel Kicillof volvió a encontrar obstáculos en el Senado bonaerense, esta vez cuando los dos proyectos ya estaban listos para llegar al recinto. Intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del gobernador, se sumaron a los cuestionamientos de otros jefes comunales y pidieron revisar el Sistema Integrado de Salud. La discusión por la autonomía municipal y el financiamiento se cruzó con la interna del peronismo y dejó sin convocatoria para este martes 20 de octubre la sesión que buscaba avanzar con las iniciativas.
Los expedientes crean el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. Ambos ingresaron el 23 de junio y recibieron despacho favorable con modificaciones en la Comisión de Salud Pública el 1° de octubre y en Legislación General el 5. Sin embargo, ese avance no alcanzó para garantizar la votación. Los proyectos continúan al orden del día, sin media sanción.
El reclamo de los intendentes llegó al Senado
La vicegobernadora y presidenta de la Cámara alta, Verónica Magario, recibió planteos para postergar la discusión y abrir una nueva instancia de diálogo. El dato político es que los cuestionamientos no se limitan a la oposición: también alcanzan a intendentes vinculados con Kicillof y a sectores del Frente Renovador, además de dirigentes radicales del interior provincial.
Entre los jefes comunales mencionados en los reclamos aparecen Federico Otermín, Federico Achával, Leonardo Nardini y Juan Andreotti. También expresaron objeciones dirigentes de otros espacios, entre ellos Carlos Bevilacqua, de Villarino. La coincidencia no implica una postura partidaria uniforme, pero muestra que la preocupación por el alcance de la reforma atraviesa distintos municipios.
El trasfondo legislativo explica la nueva demora. El 1° de septiembre, la comisión de Salud dejó los expedientes en estudio por falta de acuerdos dentro de Fuerza Patria. El senador Mario Ishii se había negado a acompañar el dictamen. Tras modificaciones negociadas con el jefe del bloque, Sergio Berni, y otros integrantes del oficialismo, las propuestas consiguieron finalmente despacho a comienzos de octubre.
Fuerza Patria reúne 24 bancas en el Senado y cuenta con capacidad numérica para aprobar proyectos por mayoría simple si sostiene la unidad. Pero los reparos de intendentes y legisladores volvieron a complicar la convocatoria que se evaluaba para este martes. La discusión convive, además, con diferencias internas del peronismo sobre las reelecciones de intendentes, aunque los reclamos sanitarios se concentran en las competencias y los recursos.
Autonomía y fondos: los puntos más resistidos del SIPBA
El SIPBA plantea articular hospitales públicos, municipios, prestadores privados y obras sociales bajo la coordinación del Ministerio de Salud, a cargo de Nicolás Kreplak. Prevé una Red Bonaerense de Atención y Cuidados organizada por niveles de complejidad, un Registro Provincial de Financiadores y el Instituto Universitario Provincial de Salud Floreal Ferrara. También exige evaluación inicial y estabilización ante emergencias médicas, independientemente de la cobertura del paciente.
El proyecto ya sufrió modificaciones importantes. Se eliminó la facultad provincial de determinar dónde instalar nuevos establecimientos y la exigencia de autorización del SIPBA para abrir hospitales o incorporar servicios. La adhesión de municipios y prestadores privados a la red se estableció como voluntaria, y se acotaron las obligaciones extraordinarias de los privados a emergencias sanitarias formalmente declaradas.
Aun así, los intendentes cuestionan que las nuevas responsabilidades de atención primaria, derivaciones y servicios puedan aumentar los gastos locales sin una garantía suficiente de fondos. También objetan las condiciones para pagar a médicos salarios superiores a los acuerdos de referencia, que, según sus planteos, exigirían justificaciones ante los organismos provinciales de coordinación sanitaria CORESA y COSAPRO.
Otro conflicto gira alrededor del recupero y la distribución de recursos. Los municipios reclaman reglas precisas para saber cuánto dinero recibirían, con qué periodicidad y bajo qué criterios. Algunos proponen utilizar el Coeficiente Único de Distribución (CUD), como ocurre con otros fondos provinciales, y advierten que una adhesión formalmente voluntaria podría convertirse en una condición indirecta para acceder a programas sanitarios.
En entrevistas con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Bevilacqua contó que trasladó observaciones a la senadora Malena Galmarini y sostuvo que el texto no aclara los montos, las modalidades ni los plazos de las transferencias. Reclamó consultar a los 135 intendentes antes de avanzar. En una segunda conversación definió el esquema como una pérdida de autonomía: “Los pone a los intendentes como si fueran unos delegados, unos empleados de la gobernación”.
Bevilacqua rechazó el proyecto de Kicillof para integrar la salud.
Kreplak defendió ante el Senado la necesidad de superar la fragmentación sanitaria y aseguró que la reforma apunta a construir herramientas institucionales de largo plazo sin incrementar el gasto. Esa explicación no terminó de despejar las dudas de los municipios sobre qué funciones financiará cada nivel del Estado y qué margen conservarán para decidir sobre sus propios servicios.
Medicamentos: capital público, controles y rechazo opositor
El segundo proyecto propone crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Podría investigar, desarrollar, producir, importar, comprar y distribuir medicamentos, vacunas, insumos y equipamiento médico. El Ejecutivo argumenta que la figura facilitaría contrataciones especializadas, actualización tecnológica y abastecimiento del sistema público.
En la negociación legislativa se incorporó una composición accionaria del 99% para la Provincia y del 1% para otros actores públicos o privados. El texto también establece restricciones para transferir acciones estatales, límites a operaciones de endeudamiento y una comisión bicameral de seguimiento y control, integrada por cinco diputados y cinco senadores. Esas modificaciones respondieron a objeciones dentro del propio peronismo sobre la participación privada y las facultades de la futura empresa.
La Libertad Avanza anticipó su rechazo a las dos leyes. Los senadores Carlos Curestis y Gonzalo Cabezas cuestionaron el alcance de la intervención estatal y reclamaron tratar los problemas de cobertura del IOMA. Curestis calificó al SIPBA como un intento de “estatización” del sistema privado, una caracterización contrapuesta a la defensa oficial de un esquema de coordinación y adhesión voluntaria.
El PRO objetó que la nueva empresa no cuente con estimaciones suficientes sobre inversión inicial, costos operativos y eventuales aportes del Tesoro para cubrir déficits. También pidió explicaciones sobre el directorio y los mecanismos de control. Desde Hechos–UCR Identidad, el espacio de Marcelo Leguizamón planteó que antes debería evaluarse el fortalecimiento del Instituto Biológico Tomás Perón, una estructura pública ya existente.
La nueva demora no modifica el estado parlamentario: ambos proyectos conservan despacho y pueden ser tratados cuando se convoque a sesión. Pero el Gobierno necesita ordenar las diferencias con sus aliados, responder los reclamos municipales y definir cómo se financiará la reorganización del sistema. Por ahora, el debate que debía mostrar un avance de la agenda sanitaria de Kicillof expone una discusión más amplia sobre quién conduce, quién aporta los recursos y quién asume las responsabilidades en la salud bonaerense.