Milei enfrenta otra pulseada por las universidades: funcionarios van al Congreso y deberán explicar el presupuesto para 2027
El gobierno de Javier Milei afrontará este martes 20 de octubre una nueva instancia de discusión en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2027, con el financiamiento de las universidades nacionales como uno de los principales puntos de conflicto. Dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano deberán defender las partidas previstas por el Poder Ejecutivo, que se encuentran por debajo de los recursos solicitados por las autoridades universitarias.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch, se reunirá a las 10 para recibir al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
La exposición se desarrollará mientras continúa la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución fue suspendida por el Gobierno y permanece judicializada.
El principal desacuerdo está en los números: el proyecto oficial contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para cubrir sus necesidades durante el próximo año.
Presupuesto 2027: la diferencia de $3,7 billones que enfrenta al Gobierno con las universidades
La discusión sobre los recursos universitarios constituye uno de los principales desafíos para el tratamiento del Presupuesto 2027.
El Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las autoridades de las universidades públicas, elevó una propuesta de financiamiento por $11 billones destinada a garantizar el pago de salarios, los gastos de funcionamiento y las actividades académicas.
En contraste, el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo asigna aproximadamente $7,3 billones a las casas de estudio.
La diferencia alcanza los $3,7 billones, lo que significa que la propuesta oficial se ubica alrededor de un 33,6% por debajo de la suma solicitada por las universidades.
Los rectores sostienen que los fondos deben permitir sostener las actividades educativas, recomponer los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes y garantizar la continuidad de programas académicos y de asistencia estudiantil.
El Gobierno, por su parte, mantiene el objetivo de equilibrio fiscal y defiende la planificación del gasto público incluida en el proyecto enviado al Congreso.
Algunas coberturas consignan transferencias universitarias por $7,7 billones, una cifra diferente a los $7,3 billones que aparece en el renglón presupuestario citado por otras fuentes. La discusión parlamentaria deberá precisar el alcance de cada partida y los conceptos comprendidos en los montos previstos.
Torrendell y Álvarez deberán explicar las partidas ante los diputados
La presentación de los funcionarios de Educación permitirá a los legisladores consultar los criterios utilizados para elaborar el presupuesto universitario y las previsiones del Gobierno para el próximo ejercicio.
Torrendell y Álvarez deberán exponer sobre las partidas destinadas a las universidades nacionales, los programas educativos y los mecanismos de administración de los recursos.
El debate también alcanzará a las disposiciones incluidas en el proyecto relacionadas con el control de las transferencias presupuestarias.
La propuesta oficial establece obligaciones de información para las instituciones universitarias y contempla mecanismos de supervisión sobre el destino de los fondos.
Uno de los aspectos que genera cuestionamientos es la facultad prevista para suspender transferencias cuando las casas de estudio no cumplan con determinados requerimientos administrativos.
La discusión se produce mientras distintos sectores universitarios reclaman mayores recursos y cuestionan los efectos de las restricciones presupuestarias acumuladas durante los últimos años.
La oposición reclama cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
Los bloques opositores anticiparon que insistirán con la necesidad de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar las partidas correspondientes.
El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto defendió el financiamiento universitario como una política de Estado y sostuvo que el Gobierno debe garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones públicas.
El socialista Esteban Paulón también reclamó el cumplimiento de la legislación vigente y respaldó las demandas de la comunidad universitaria.
Desde Argentina Federal, el diputado misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para solicitar que el Poder Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 las partidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa contempla recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización presupuestaria, la recomposición salarial de docentes y nodocentes y el financiamiento de becas estudiantiles.
La conducción nacional de la Unión Cívica Radical también expresó su respaldo al presupuesto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y exhortó a los legisladores a defender los fondos requeridos por las instituciones.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, la diputada Bárbara Andreussi defendió la continuidad de la universidad pública gratuita, pero cuestionó la administración de los recursos y reclamó mecanismos de control sobre el gasto universitario.
Las posiciones anticipan un debate que no estará limitado a las cifras presupuestarias, sino que también incluirá diferencias sobre la administración, el financiamiento y las obligaciones del Estado nacional.
El conflicto judicial por los fondos universitarios suma presión al debate
La discusión legislativa se desarrolla mientras continúa la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente suspendida en su ejecución mediante el Decreto 759/2025.
El Gobierno argumentó que la norma no identificaba los recursos necesarios para afrontar las erogaciones previstas y sostuvo que su aplicación debía ajustarse a las disposiciones de administración financiera.
Las universidades nacionales acudieron a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la legislación, especialmente en los artículos vinculados con la recomposición salarial y la actualización de becas.
El juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar relacionada con esas obligaciones y posteriormente declaró inconstitucional la suspensión de la ley dispuesta por el Ejecutivo.
El Gobierno apeló la sentencia, por lo que el conflicto continúa bajo revisión judicial.
La controversia sumó otro capítulo cuando el magistrado dispuso multas diarias de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas judicialmente.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente esa sanción.
Como informó Grupo La Provincia, la Justicia frenó las multas impuestas al Gobierno y abrió una nueva instancia de discusión sobre la actualización de salarios y becas universitarias.
La suspensión de las multas no constituye una resolución definitiva sobre la validez de la Ley de Financiamiento Universitario ni sobre todas las obligaciones reclamadas por las instituciones.
Salarios y gastos universitarios: los números detrás del reclamo
El conflicto presupuestario también está relacionado con la evolución del poder adquisitivo de los salarios y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.
De acuerdo con los indicadores expuestos en el reclamo universitario, el presupuesto correspondiente a 2026 se encuentra un 25,3% por debajo, en términos reales, del nivel registrado en 2023.
En el mismo período, los salarios docentes acumulan una pérdida real del 24,2%.
Las estimaciones del sector señalan que sería necesaria una recomposición del 32% sobre los haberes de septiembre para cumplir con los criterios establecidos en la legislación de financiamiento.
La cuestión salarial tiene especial importancia porque representa una proporción mayoritaria del gasto universitario.
La asignación de recursos para infraestructura, becas y funcionamiento general constituye otro de los ejes del reclamo.
Dentro del presupuesto educativo nacional para 2027 también se prevén recursos para programas de alfabetización y distintas políticas destinadas a los niveles de enseñanza no universitaria.
Sin embargo, la discusión en Diputados estará particularmente concentrada en la suficiencia de las partidas para las universidades y en la aplicación de la legislación aprobada por el Congreso.
Cuándo se buscará aprobar el Presupuesto 2027
La reunión de este martes forma parte del cronograma de tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.
La iniciativa ingresó al Congreso el 15 de septiembre y contempla las principales previsiones económicas y financieras del Gobierno para el próximo año.
Entre sus estimaciones figuran un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio de $1.847,60 para diciembre de 2027.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda prevé avanzar con la firma del dictamen el 28 de octubre, mientras que el calendario parlamentario contempla la posibilidad de tratar el proyecto en el recinto el 18 de noviembre.
Ambas fechas forman parte de la planificación legislativa y están sujetas a los acuerdos que se alcancen entre los bloques.
El oficialismo deberá negociar con distintos sectores de la oposición para reunir los apoyos necesarios, en una discusión que también comprende las partidas destinadas a discapacidad, seguridad social y recursos provinciales.
Por ahora, el financiamiento universitario aparece como uno de los puntos más controvertidos del proyecto.
La exposición de Torrendell y Álvarez permitirá conocer los argumentos con los que el Gobierno defenderá los recursos previstos para 2027, mientras los rectores y los bloques opositores mantienen el reclamo de incorporar fondos adicionales para las universidades nacionales.