Cuando las cuentas no cierran: Abella quedó expuesto en la Legislatura por irregularidades financieras en Campana
El ingreso de un proyecto en la Legislatura bonaerense volvió a poner en el centro de la escena la gestión del intendente de Campana, Sebastián Abella, luego de que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires detectara irregularidades en el ejercicio 2024 del municipio. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial de Unión por la Patria Soledad Alonso, advierte sobre “fallas estructurales y deficiencias de control” que, según el texto, se repiten a lo largo de las tres gestiones del jefe comunal.
La discusión política escaló tras conocerse que el fallo del organismo de control, si bien aprobó formalmente la rendición de cuentas, enumeró una serie de observaciones consideradas de “extrema gravedad institucional”. Para la legisladora que impulsó el proyecto, las inconsistencias expuestas dan cuenta de problemas persistentes en la administración de los recursos públicos en Campana.
Un proyecto que expone fallas reiteradas
En los fundamentos del proyecto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, Alonso alertó por “las irregularidades de extrema gravedad institucional detectadas y plasmadas en el fallo del Tribunal de Cuentas”, y sostuvo que estas situaciones se suceden “en forma recurrente” durante las gestiones de Abella, dirigente alineado al titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.
“El fallo describe un esquema de administración con fallas estructurales de control, deficiencias contables reiteradas y prácticas irregulares que no fueron corregidas a tiempo por la conducción política ni por los responsables técnicos del municipio”, remarcó la legisladora.
Según precisó, el Tribunal asigna responsabilidades directas al intendente, imputándole “deficiencias en el control de bienes municipales, falencias en los procesos de contratación y una responsabilidad general por la falta de corrección de irregularidades reiteradas”.
Entre las observaciones enumeradas por el organismo provincial figuran conciliaciones bancarias con diferencias significativas, deficiencias en la registración contable, tratamiento incorrecto de la deuda flotante, falta de respaldo bancario y la ausencia de un recuento físico confiable de los bienes municipales.
El hospital municipal, como caso testigo
Uno de los puntos más sensibles señalados en el fallo tiene como eje al Hospital Municipal San José. A modo de ejemplo, el Tribunal observó contrataciones para la adquisición de alimentos por un monto de $16.923.000 que habrían sido realizadas mediante mecanismos que se apartaron de las exigencias legales y reglamentarias.
Según consta en la resolución, las órdenes de compra no especificaban productos, cantidades ni precios unitarios, y varias de ellas fueron emitidas con posterioridad a la recepción de los bienes, invirtiendo el procedimiento legal previsto. También se advirtieron deficiencias en la documentación respaldatoria y el uso reiterado de compras directas cuando, por los montos involucrados, correspondían otros mecanismos de contratación.
Sanciones, advertencias y cuestionamientos políticos
Además de Abella, el Tribunal de Cuentas aplicó sanciones administrativas y formuló llamados de atención a funcionarios clave del Ejecutivo municipal, entre ellos responsables de las áreas de Economía, Salud, Compras y Patrimonio. El fallo dejó constancia, además, de que persisten situaciones bajo análisis judicial vinculadas a contrataciones y relaciones con proveedores.
Para Alonso, el dictamen del organismo de control “tiene correlato con la denuncia que llevaron adelante los concejales de Campana de Unión por la Patria”, quienes, según indicó, habían advertido que el Ejecutivo municipal no permitía acceder a la información necesaria para realizar un análisis exhaustivo de la rendición de cuentas.
El escenario se completa con los datos del último ranking de transparencia fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), publicado en diciembre, que ubica a Campana entre los municipios de “bajo o regular cumplimiento”, con un desempeño considerado insuficiente en la exposición de información y el respeto de los plazos establecidos. Un contexto que, ahora, quedó formalmente expuesto en la Legislatura bonaerense.