Pamela Orellana
El intendente de Campana, Sebastián Abella, atraviesa uno de los momentos más delicados de su gestión. Aunque el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó formalmente la rendición de cuentas 2024 del municipio, lo hizo con un fallo de extrema gravedad institucional que dejó al jefe comunal bajo fuerte cuestionamiento político y administrativo.
Lejos de un aval pleno, el organismo de control formuló observaciones severas, aplicó sanciones administrativas, mantuvo reservas abiertas y dejó asentado que los funcionarios alcanzados no deben considerarse exentos de responsabilidades futuras, en un contexto además atravesado por una causa penal en trámite por presunta malversación de caudales públicos.
El propio Tribunal fue explícito al señalar que la aprobación contable no implica una convalidación de la gestión. Por el contrario, el fallo describe un esquema con fallas estructurales de control interno, deficiencias contables reiteradas y prácticas administrativas irregulares que no fueron corregidas por la conducción política ni por los responsables técnicos del municipio.
Entre las observaciones más relevantes figuran diferencias significativas en conciliaciones bancarias, errores en la registración contable, tratamiento incorrecto de la deuda flotante, falta de respaldo bancario suficiente y la ausencia de un recuento físico confiable de los bienes municipales al cierre del ejercicio.
Estas irregularidades comprometen el núcleo del control financiero del Estado local, al poner en duda la verificación de la existencia real de fondos y del patrimonio municipal, un requisito básico de cualquier administración pública transparente.
Uno de los puntos más sensibles del fallo se concentra en el hospital municipal San José, utilizado por el Tribunal como caso testigo de las deficiencias en los procedimientos de compra y control del gasto. En particular, se observó una adquisición de alimentos por $16.923.000 realizada mediante mecanismos que se apartaron de las exigencias legales y reglamentarias.
Según detalla la resolución, las órdenes de compra presentaban descripciones genéricas, limitadas a la mención de “alimentos”, sin especificación de productos, cantidades, calidades ni precios unitarios, lo que impidió verificar la razonabilidad del gasto. Además, varias órdenes fueron emitidas con posterioridad a la recepción de los bienes, invirtiendo el procedimiento legal y vaciando de contenido los controles previos que exige la normativa.
El Tribunal también advirtió que facturas y remitos carecían de la discriminación necesaria, conformando una cadena documental incompleta e inconsistente. A esto se sumó el uso reiterado de compras directas cuando, por los montos involucrados, correspondía la realización de concursos de precios, restringiendo la competencia y la transparencia. El organismo fue enfático al rechazar la invocación genérica de una emergencia como justificación automática para eludir los controles legales.
El fallo asignó responsabilidad directa al intendente Sebastián Abella, quien fue amonestado en su carácter de máxima autoridad administrativa y política del municipio, y quedó alcanzado por las reservas vinculadas a la causa penal en trámite por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
También fueron sancionados o advertidos funcionarios clave del Ejecutivo, entre ellos el secretario de Economía y Hacienda, el contador municipal, responsables de Salud, Compras y Patrimonio, por incumplimientos que el Tribunal aclaró que no pueden considerarse errores formales ni hechos aislados.
Este escenario institucional se da en paralelo a un creciente malestar social que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando. Desde distintos sectores políticos y sociales se multiplican las críticas por el deterioro del hospital, la falta de políticas para atraer industrias, la ausencia de trabajo genuino, barrios sin agua ni cloacas, obras inconclusas y riesgos recurrentes de inundaciones.
En diálogo con este medio, el concejal de Fuerza Patria, Alejo Sarna, advirtió: "Hay que empezar a redefinir las prioridades en Campana. En 2025 el presupuesto tuvo fuertes recortes en áreas muy sensibles como desarrollo social o salud, afectándose, por ejemplo, a los centros de la atención primaria o a la farmacia del hospital municipal".
Y cuestionó: "Si un sistema público atiende cada vez más gente y tiene cada vez menos presupuesto, claramente se va a ver un colapso y va a haber dificultades que son inevitables, independientemente del esfuerzo que hacen -y que nosotros recontra valoramos- los médicos, los enfermeros y el personal municipal que trabaja allí".
