El gobierno da marcha atrás y modifica el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil
En la antesala del debate parlamentario, el Gobierno decidió recalcular. A pocas horas de que comenzaran a moverse las comisiones en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo optó por modificar el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil y enviará una nueva versión que fija la edad de imputabilidad en 14 años, en lugar de los 13 que figuraban en el texto girado al inicio de la semana.
La decisión llegó tras advertencias de los bloques dialoguistas, que habían dejado en claro que el consenso político disponible tenía ese límite.
El cambio de rumbo
Desde el oficialismo buscaron bajarle el tono a la situación. “Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, señalaron fuentes del bloque de La Libertad Avanza.
La prioridad del Ejecutivo es no demorar el cronograma y llegar al recinto con un texto que tenga chances reales de reunir mayoría.
El consenso con la oposición
Tanto el PRO como la UCR ya habían marcado que el piso aceptable era 14 años. Ese entendimiento había permitido el año pasado avanzar con un dictamen que ahora volverá a ser la base de discusión.
La modificación implica dejar de lado la postura de algunos sectores libertarios que pretendían profundizar la baja hasta los 13.
Cómo seguirá el trámite en Diputados
Para que la iniciativa avance, primero deben terminar de constituirse las comisiones involucradas. Durante esta jornada se definirán autoridades en Familias, Niñez y Juventudes y en Justicia.
La reunión conjunta donde se tratará el proyecto fue convocada para el miércoles a las 11 e incorporará además a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, debido al fuerte impacto fiscal de la reforma.
El costo del nuevo régimen
Uno de los puntos centrales del texto es la previsión presupuestaria. En el artículo 51 se asignan $23.739.155.303,08 para poner en marcha el sistema, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
Acuerdos con las provincias
La norma habilita convenios entre Nación y distritos para financiar infraestructura y dispositivos específicos. Ese ítem había sido reclamado por gobernadores preocupados por el peso económico que podría recaer sobre las administraciones locales.
Qué establece la reforma
El proyecto mantiene la lógica de penas diferenciadas respecto del régimen adulto y descarta la prisión perpetua.
Para delitos graves —como homicidios, robos violentos o abusos sexuales— se prevén condenas de hasta 20 años, aunque en el debate previo varios bloques habían impulsado un máximo menor y mayor utilización de sanciones alternativas.
Prioridad en la resocialización
La privación de libertad quedará reservada para los hechos más severos y deberá cumplirse en institutos especializados, sin contacto con detenidos mayores.
Para infracciones de menor entidad se priorizan tareas comunitarias, reparación del daño, programas educativos y asistencia psicológica.
Garantías para los menores
El texto incorpora derechos reforzados: patrocinio jurídico gratuito, acompañamiento social, participación en instancias de mediación y acceso a educación, salud y tratamientos en caso de adicciones, con personal especializado.
El objetivo político
Con el ajuste en la edad, el oficialismo apuesta a destrabar resistencias y sostener la posibilidad de votar la ley esta misma semana.
La jugada implica resignar la posición inicial para preservar la viabilidad parlamentaria de una reforma que el Gobierno considera prioritaria dentro de su agenda de seguridad.