Reforma laboral: el Gobierno apura votos mientras crece el rechazo por el recorte en licencias médicas

El Gobierno nacional enfrenta horas decisivas en la Cámara de Diputados para lograr la aprobación de la reforma laboral. Aunque en la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos necesarios, la controversia en torno al artículo 44 —que modifica el régimen de licencias médicas— obligó a desplegar una negociación intensa con aliados y sectores dialoguistas de la oposición.

Desde el viernes por la tarde, cuando el Poder Ejecutivo formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, se activó una cadena constante de llamados y contactos reservados entre la Casa Rosada, el Congreso y los principales bloques parlamentarios. Durante los primeros días del fin de semana largo de Carnaval, funcionarios, legisladores y emisarios mantuvieron conversaciones telefónicas y chats desde distintos puntos del país. El objetivo fue explícito: evitar que el conflicto por las licencias médicas empantane la reforma en Diputados.

La señal de alerta llegó apenas horas después de la media sanción en el Senado. Legisladores aliados expresaron reservas sobre el impacto del artículo 44, algunos gobernadores pidieron precisiones y referentes sindicales endurecieron su discurso público, incluso con la amenaza de una huelga general. Frente a ese escenario, el oficialismo activó un operativo político de contención que involucró a su mesa de conducción.

La interna oficial y la estrategia de la “diagonal”

En las conversaciones participaron la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en contacto con la mesa política integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, Santiago Caputo y Diego Santilli. También fue consultada la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, para analizar alternativas que permitan sostener el texto sin abrir un nuevo trámite legislativo.

La preocupación central del Ejecutivo no es tanto perder la votación, sino que una modificación obligue a devolver el proyecto al Senado y retrase su sanción definitiva dentro del calendario de extraordinarias. El 28 de febrero opera como fecha límite y condiciona cada movimiento.

En ese marco comenzó a delinearse una estrategia interna bautizada como la “diagonal”: evitar cambios formales al texto aprobado y, en paralelo, introducir precisiones mediante instrumentos complementarios.

Actualmente se barajan tres alternativas. La primera, que concentra mayor consenso, es dictar un decreto reglamentario que establezca criterios médicos claros y garantice el pago pleno en casos de enfermedades severas, crónicas o irreversibles debidamente acreditadas. La segunda opción es impulsar una ley complementaria específica sobre el artículo 44. La tercera —considerada la menos probable— sería aceptar cambios directos en el articulado, lo que implicaría que el proyecto vuelva al Senado.

Qué cambia el artículo 44

El foco del conflicto es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. El nuevo texto establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud. Ese pago regirá durante tres meses si no tiene personas a cargo o seis meses si las tuviera.

Si la imposibilidad no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente sobre el riesgo en la salud, el trabajador percibirá el 75% del salario durante el mismo período. Además, la norma indica que la suspensión por causas económicas o disciplinarias no afectará el derecho a percibir esa remuneración parcial.

En términos prácticos, el cambio implica una reducción significativa respecto del régimen vigente, que garantiza el pago del 100% del salario durante ese período. Para el oficialismo, la reforma corrige un esquema que —según su diagnóstico— incentiva el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Para los sindicatos y sectores opositores, representa un retroceso en derechos adquiridos.

Desde el entorno presidencial sostienen que el ausentismo en el sector privado ronda el 15% y que el régimen actual genera costos elevados que desalientan la contratación y encarecen la estructura laboral formal. A la vez, admiten que el artículo requiere precisiones para evitar efectos indeseados en casos de enfermedades graves.

Comparaciones internacionales y defensa oficial

Patricia Bullrich asumió el rol de principal defensora pública del capítulo cuestionado. En torno a esto, afirmó que el texto fue debatido durante semanas y contó con el respaldo de 42 senadores. Insistió en que el objetivo es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.

Para reforzar su postura, comparó el esquema argentino con otros países: Portugal paga el 65% del salario, Francia y Alemania el 70%, Uruguay el 70%, España el 64%, Suiza y Suecia el 80%, Austria el 50%, Italia el 67%, Bélgica el 60% y Finlandia el 70%. Según su planteo, Argentina es una excepción al mantener el pago del 100% incluso en situaciones no vinculadas al trabajo.

Aliados con condiciones y presión sindical

La Unión Cívica Radical, presidida en Diputados por Pamela Verasay, acompaña el proyecto pero exige una solución clara sobre licencias médicas. Durante el fin de semana hubo contactos reservados para explorar una reglamentación que no altere el texto votado.

El PRO también respalda la reforma. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, anticipó que insistirán en reincorporar la posibilidad de cobrar salarios mediante billeteras virtuales. En los bloques peronistas no kirchneristas predominan mayores reservas, sobre todo en provincias con fuerte peso sindical. Sin embargo, tampoco existe una decisión de bloquear el proyecto. En algunos casos se evalúa facilitar el quórum o abstenerse.

En paralelo, la CGT y el Frente de Sindicatos Unidos intensificaron la presión. Cristian Jerónimo advirtió: “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Jorge Sola reforzó: “Seguramente resolveremos una medida de fuerza. Cualquier trabajador en el estadio de su vida laboral termina enfermándose, sea pasajero o algo grave”. Además, anticipó que la UTA podría adherir y dejar sin colectivos durante el debate.

Un debate clave para Milei

Para Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa de gobierno. Apunta a reducir la informalidad —que ronda el 43% del mercado laboral— y fomentar la creación de empleo formal. Una demora prolongada o el regreso al Senado complicaría uno de los ejes estratégicos del oficialismo y alteraría la agenda parlamentaria.

El plenario de comisiones está previsto para el miércoles al mediodía en el Anexo del Congreso y la intención oficial es tratar el proyecto el jueves, en un debate que podría extenderse hasta 20 horas. En el entorno presidencial relativizan el impacto de un eventual paro, aunque admiten que una protesta masiva podría influir en legisladores indecisos.

El escenario es de equilibrio inestable. El Gobierno sostiene que tiene los votos, pero necesita ordenar matices internos y contener a sus aliados. Mientras tanto, la CGT evalúa un paro general y los bloques dialoguistas calculan costos políticos. En ese cruce, el artículo 44 dejó de ser un detalle técnico y se convirtió en la prueba más exigente para la capacidad negociadora del Ejecutivo.