"Un choreo": UP denunciará a Sturzenegger por el contrato millonario a la entidad que dirige su esposa
Unión por la Patria (UP) presentará una denuncia judicial contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por presunto conflicto de intereses en la adjudicación de un contrato de la Cancillería para capacitación en idioma inglés. El eje del planteo opositor es el vínculo matrimonial entre el funcionario y María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la entidad beneficiada.
El anuncio lo realizó la senadora Juliana Di Tullio, quien sostuvo que el interbloque impulsará acciones judiciales y administrativas para que se investigue la contratación. "Todos chorros, del primero al último. Haremos la denuncia correspondiente", dijo en su cuenta de X.
De acuerdo con el expediente oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) —unos USD 78.000 al tipo de cambio vigente al momento— para capacitar en inglés a 132 agentes, entre empleados y diplomáticos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
La contratación se realizó mediante “Adjudicación Simple por Especialidad”, figura prevista para casos en los que se acredita un proveedor con capacidad técnica específica. La propuesta fue elaborada y presentada por Rouillet, según consta en la documentación.
El eje del planteo opositor es el vínculo matrimonial entre el funcionario y María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la entidad beneficiada.
Señalamientos de los organismos de control
Al analizar la Declaración Jurada de Intereses, los organismos de control detectaron un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un miembro del gabinete nacional, identificado como el matrimonio entre Sturzenegger y la directora ejecutiva de la AACI. Ese dato activó mecanismos internos de revisión y trasladó el caso al plano político.
Desde UP sostienen que el parentesco debe ser investigado para determinar si existieron incompatibilidades o una afectación de los principios de transparencia en la contratación pública.
Tras la difusión del convenio, Di Tullio anticipó que llevará la denuncia a Comodoro Py y apuntó también contra Rouillet. En redes sociales, la senadora utilizó términos contundentes para cuestionar la operatoria y ratificó que “haremos la denuncia correspondiente”. En otros posteos, ironizó sobre la elección del proveedor y criticó el uso de la adjudicación por especialidad.
La defensa oficial y el “pacto de integridad”
Desde Cancillería defendieron la contratación al asegurar que la AACI es el único prestador capaz de garantizar la continuidad de los cursos, por su trayectoria previa con el personal del área. A raíz del vínculo familiar, intervino la Oficina Anticorrupción, que activó un procedimiento de integridad y exigió la firma de un “Pacto de Integridad” para evitar beneficios indebidos.
Para la oposición, esos mecanismos no despejan las dudas de fondo. Además, la investigación parlamentaria recordó que la misma organización ya había recibido más de $55 millones en 2024, sin que entonces se difundieran pactos o aclaraciones públicas sobre la relación familiar.