La desregulación eléctrica de Milei abre otro frente: los municipios van por fondos perdidos
La transformación del mercado eléctrico impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo debate en la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de que los grandes consumidores compren energía directamente en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica (MEM), sin pasar por las distribuidoras locales, modificó las reglas del sector y generó un impacto que excede a las empresas: también comenzó a sentirse en las cuentas de los municipios.
Con ese escenario de fondo, la Cámara de Diputados bonaerense dio un paso para intentar revertir esa situación. La Comisión de Servicios Públicos aprobó un proyecto que modifica la Ley Provincial N° 11.769, marco regulatorio del sistema eléctrico, con el objetivo de garantizar que las grandes empresas también contribuyan por el uso del espacio público cuando reciben suministro directo.
La iniciativa fue presentada por el diputado provincial de la UCR Matías Civale, vicepresidente de la Cámara baja y ex presidente de la cooperativa eléctrica La Usina de Tandil. El expediente ahora continuará su tratamiento en las comisiones de Presupuesto y de Legislación antes de llegar al recinto.
El eje del proyecto pasa por modificar dos incisos del artículo 75 de la ley vigente. Actualmente, las distribuidoras eléctricas pagan a los municipios una contribución equivalente al 6% de sus ingresos por la venta de energía a usuarios finales, un recurso que históricamente constituye una fuente importante de financiamiento para las comunas.
Sin embargo, la desregulación del mercado permitió que numerosos grandes consumidores dejaran de comprar electricidad a las distribuidoras y comenzaran a adquirirla directamente en el MEM. En esos casos, las distribuidoras solo prestan el servicio de transporte o peaje de la energía, mientras que parte de esa contribución deja de ingresar a las arcas municipales.
La reforma busca actualizar la redacción de la ley para que ese aporte alcance tanto a la venta como al transporte de energía destinado a esos grandes usuarios, evitando que la migración al mercado mayorista siga erosionando los ingresos de los municipios.
Cooperativas en desventaja y comunas con menos recursos
Para Civale, el problema no afecta únicamente a los gobiernos locales. También golpea a más de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior bonaerense. "Las distribuidoras tienen distintos tipos de usuarios: residenciales, comerciales, de interés social y grandes consumidores. Con la desregulación, muchos de esos grandes usuarios comenzaron a comprar directamente en el mercado mayorista. Eso perjudica a las cooperativas, porque su negocio es vender energía y no solamente transportarla", explicó a Infocielo.
Según argumentó, el nuevo esquema generó una competencia desigual. Mientras las distribuidoras continúan afrontando tasas y contribuciones por el uso del espacio público, las empresas transportistas que abastecen directamente a esos grandes clientes quedan fuera de ese régimen pese a utilizar la misma infraestructura.
En los fundamentos del proyecto, Civale sostiene que esa situación altera las condiciones de competencia y reduce ingresos legítimos tanto para la Provincia como para los municipios.
Durante el tratamiento en la Comisión de Servicios Públicos, presidida por el diputado de Fuerza Patria Ariel Archanco, la iniciativa obtuvo respaldo de distintos espacios políticos.
El diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux e integrante de la comisión, defendió el proyecto al señalar que el régimen vigente generó un tratamiento desigual entre empresas.
"Había un gravamen que recaía sobre las distribuidoras, mientras que las empresas que abastecen directamente desde el mercado mayorista quedaban afuera. Lo que se busca es alcanzar a todo el universo para corregir esa asimetría", explicó.
Acerbo remarcó además que la reforma puede representar un alivio para municipios pequeños que concentran pocas grandes industrias.
"Va a permitir que muchos distritos mejoren sus ingresos. Es un beneficio para los 135 municipios de la provincia", sostuvo.
Qué cambia y qué no cambia para los usuarios
Uno de los puntos que remarcan los impulsores del proyecto es que la reforma no implica un nuevo cargo para los usuarios residenciales ni modifica el esquema tarifario de los hogares.
La modificación apunta exclusivamente a incorporar dentro del régimen vigente a las operaciones de transporte vinculadas a grandes consumidores que actualmente compran energía de manera directa, evitando que esa modalidad continúe reduciendo la base tributaria municipal.
En otras palabras, el proyecto busca adaptar una ley sancionada en otro contexto del mercado eléctrico para contemplar un esquema de contratación que, tras la desregulación, comenzó a expandirse entre grandes industrias como aceiteras, siderúrgicas, cementeras y plantas químicas.
Ahora, tras superar el primer filtro legislativo, el expediente deberá obtener dictamen en las comisiones de Presupuesto y Legislación antes de ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados y, eventualmente, pasar al Senado bonaerense.
Mientras tanto, la discusión ya dejó planteado un interrogante que excede al sistema eléctrico: cómo sostener los ingresos municipales en un contexto donde los cambios regulatorios nacionales modifican la estructura de financiamiento de las comunas. Para los impulsores de la iniciativa, cerrar ese vacío legal es una condición necesaria para evitar que la migración de grandes consumidores siga trasladando el costo de la desregulación a las finanzas locales.