El massismo pide la emergencia climática en la Provincia: 180 días, fondo especial y asistencia ante El Niño
La preparación de la provincia de Buenos Aires ante el avance de El Niño sumó un nuevo capítulo en la Legislatura. La senadora bonaerense Malena Galmarini, integrante de Fuerza Patria y referente del Frente Renovador, presentó un proyecto para declarar la emergencia climática en todo el territorio provincial y habilitar herramientas especiales de prevención, asistencia y recuperación.
La iniciativa propone establecer un marco extraordinario durante 180 días, con la posibilidad de extenderlo por otros seis meses. Durante ese período, el gobierno de Axel Kicillof podría acelerar la ejecución de trabajos urgentes, contratar bienes y servicios, distribuir recursos entre los municipios y brindar ayuda económica a quienes resulten afectados.
El expediente aparece después de que la Provincia pusiera en marcha una mesa interministerial y presentara un plan de monitoreo, infraestructura y respuesta ante posibles lluvias extraordinarias. “La urgencia que impone la llegada de este evento climático extremo nos exige actuar con previsión y responsabilidad para proteger la vida, los bienes y el futuro de las y los bonaerenses”, sostuvo la legisladora.
Ayuda para municipios, familias y sectores productivos
Uno de los ejes centrales del proyecto es la posibilidad de brindar asistencia directa a los sectores afectados. El texto contempla subsidios y ayuda económica para personas y familias damnificadas, pero también para comercios, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios e instituciones públicas o privadas.
Para acceder a esos mecanismos, los beneficiarios deberán acreditar daños o afectaciones relacionadas con el evento climático. La propuesta también incorpora instrumentos específicos para los municipios. El Gobierno provincial podría otorgarles aportes no reintegrables, anticipos financieros, maquinaria, combustible, materiales y asistencia técnica.
Este punto resulta relevante porque los gobiernos locales suelen concentrar la primera respuesta ante una emergencia: deben mantener abiertos los accesos, habilitar centros de evacuados, asistir a barrios afectados, reforzar hospitales y coordinar la actuación de Defensa Civil, bomberos y fuerzas de seguridad.
La capacidad de respuesta es desigual entre los distritos. Mientras algunos cuentan con maquinaria propia, equipos especializados y sistemas locales de monitoreo, otros dependen de la ayuda provincial para intervenir sobre caminos, canales, arroyos o zonas urbanas anegadas.
El proyecto, además, contempla la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Climática, destinado a concentrar los recursos necesarios para sostener las acciones previstas.
Ese fondo podría integrarse con partidas asignadas en el Presupuesto bonaerense, reasignaciones presupuestarias, aportes y transferencias del Estado nacional, créditos de organismos nacionales o internacionales, donaciones y otros recursos disponibles.
Galmarini también propone conformar una Mesa Interministerial de Emergencia Climática para coordinar la actuación de las distintas áreas de la administración bonaerense.
Estaría integrada por representantes de los ministerios de Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Salud y Economía. También participarían Defensa Civil, la Dirección de Vialidad, Aguas Bonaerenses (ABSA) y los organismos técnicos que determine el Ejecutivo.
La Provincia ya anunció una mesa similar como parte de su operativo preventivo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar el plan presentado por Kicillof, el dispositivo vigente incorpora además al Ministerio de Gobierno, Hábitat, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, la Autoridad del Agua y otras dependencias con responsabilidades sobre servicios e infraestructura.
El mapa de riesgo que preocupa a la Provincia
El escenario no es uniforme. El Niño es un fenómeno oceánico y atmosférico que suele aumentar la probabilidad de precipitaciones superiores a las normales en determinadas regiones del país, pero no permite anticipar con exactitud cuánto lloverá en cada municipio ni dónde se producirán los eventos más graves.
Además, la expresión “Súper Niño” no forma parte de la clasificación técnica utilizada por los organismos meteorológicos internacionales. Los episodios se clasifican como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes. El término se utiliza política y periodísticamente para describir una hipótesis de intensidad excepcional.
La preocupación bonaerense se apoya, sobre todo, en las condiciones previas del territorio. Los relevamientos provinciales detectaron niveles críticos de humedad en sectores del centro, este y noroeste, donde nuevas precipitaciones podrían encontrar una capacidad de absorción reducida.
Cuando el suelo se encuentra saturado, una proporción mayor del agua se transforma en escorrentía superficial. Eso eleva rápidamente los niveles de canales, arroyos y lagunas, afecta caminos rurales y puede trasladar los excedentes hacia localidades ubicadas aguas abajo.
El problema no depende únicamente de la intensidad de una tormenta. También influyen las precipitaciones acumuladas, la altura de las napas, el mantenimiento de los canales, el estado de los caminos y el tiempo que transcurra entre un episodio y otro.
Las cuencas del Salado, Reconquista, Luján, Matanza-Riachuelo y Río V quedaron entre las zonas bajo seguimiento. El monitoreo también alcanza al área vinculada con el Paraná y a sectores del sudeste que ya registraron excedentes hídricos superiores a sus promedios históricos.
Sensores, maquinaria y obras hidráulicas
El plan provincial se organiza en tres niveles: monitoreo, prevención operativa e infraestructura estructural. El primer eje prevé reunir información meteorológica e hidrológica en un visor único. La plataforma deberá integrar las estaciones existentes con nuevos sensores, pluviómetros automáticos, imágenes satelitales y datos suministrados por municipios y universidades.
El objetivo es que los intendentes puedan conocer en tiempo real la humedad de los suelos, las lluvias acumuladas y el comportamiento de arroyos y canales. Esa información deberá servir para decidir cuándo desplegar maquinaria, reforzar caminos o activar un protocolo de evacuación.
La segunda instancia contempla tareas de limpieza y mantenimiento, contratación de horas máquina, puesta a punto de bombas y compuertas y coordinación con empresas de servicios públicos. También incluye la disponibilidad de agua potable, energía móvil, vehículos, embarcaciones y equipos de rescate.
La tercera pata está compuesta por las obras de mayor escala. La Provincia informó que tiene bajo análisis o ejecución 139 intervenciones y proyectos hidráulicos, entre defensas urbanas, drenajes, adecuaciones de cauces y trabajos en distintas cuencas.
No todas esas actuaciones son nuevas ni fueron diseñadas exclusivamente para El Niño. El monto de $2,3 billones difundido por el Ejecutivo incluye aproximadamente $2,1 billones correspondientes a un programa plurianual de infraestructura.
El impacto sobre el campo y los caminos rurales
El sector agropecuario aparece entre los más expuestos. Los excesos hídricos pueden impedir el ingreso a los lotes, modificar calendarios de siembra, dificultar el traslado de animales y cortar la circulación de leche, granos e insumos.
La Provincia prevé mantener activa la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario, distribuir recomendaciones técnicas y reforzar el Plan Estratégico de Caminos Rurales. También cuenta con una línea de créditos de hasta $100 millones destinada a inversiones productivas sustentables.
Sin embargo, entidades rurales vienen reclamando mayor velocidad en las obras y advierten que varios municipios no aprovecharon los meses de mejor clima para recomponer sus redes viales. El deterioro de los caminos adquiere una dimensión adicional ante una emergencia: no solo afecta la producción, sino que puede impedir el acceso de ambulancias, bomberos o vehículos de evacuación.
La declaración impulsada por Galmarini permitiría enviar maquinaria, combustible y aportes directos a los distritos afectados. La discusión legislativa deberá determinar bajo qué criterios se distribuirán esos recursos y qué controles se aplicarán sobre su utilización.