Presupuesto 2027: Milei acelera los acuerdos en Diputados, pero discapacidad, universidades y fondos provinciales traban el dictamen
El Gobierno de Javier Milei inició una semana decisiva para el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Con el objetivo de obtener dictamen este miércoles 28 de octubre y avanzar hacia una votación en el recinto el 18 de noviembre, La Libertad Avanza intensificó las negociaciones con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, que condicionan su acompañamiento a una serie de modificaciones en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
La discusión concentra algunos de los conflictos que atravesaron la relación entre la Casa Rosada y el Congreso durante los últimos meses: financiamiento universitario, prestaciones por discapacidad, actualización de asignaciones sociales, deudas previsionales con las provincias y fondos para obras públicas. El oficialismo admite la posibilidad de introducir cambios para conseguir los votos, aunque sostiene que ninguna modificación deberá comprometer las metas de equilibrio fiscal y superávit primario.
Las conversaciones están encabezadas en Diputados por Martín Menem, presidente de la Cámara baja; Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario; y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene contactos con gobernadores y representantes de las fuerzas dialoguistas para acercar posiciones sobre las demandas de los distritos.
El oficialismo corre contra el calendario legislativo
La estrategia parlamentaria contempla resolver entre este lunes y el martes las diferencias más importantes con los bloques aliados. La Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene prevista una última reunión informativa para el martes 27 de octubre a las 11, aunque todavía no se confirmó qué funcionario del Ejecutivo asistirá para responder preguntas de los legisladores.
La discusión para emitir dictamen quedó programada para el miércoles 28 a las 14, mientras que el objetivo de La Libertad Avanza es llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre.
La aceleración de los acuerdos responde también a la actividad reducida que tendrá Diputados durante la primera quincena del próximo mes. El Gobierno pretende llegar a esa fecha con un texto que reúna los respaldos suficientes y evitar que las diferencias por las partidas presupuestarias impidan avanzar con la iniciativa.
Pero la firma del dictamen no garantiza su aprobación posterior. Los bloques dialoguistas mantienen reclamos sobre distintos capítulos del proyecto y algunas diferencias podrían trasladarse a la discusión en el recinto si no se alcanza un acuerdo previo.
El punto de partida fijado por la Casa Rosada es la continuidad del programa fiscal. Milei estableció que cualquier concesión presupuestaria debe preservar el equilibrio de las cuentas públicas, una condición que atraviesa tanto los pedidos de financiamiento universitario como los reclamos de las provincias.
Discapacidad y universidades, los focos del conflicto
Uno de los principales focos de conflicto está concentrado en los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen modificaciones en la legislación vinculada con discapacidad. Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman que esos artículos sean retirados y plantean una recomposición de las partidas destinadas al sector.
La discusión se desarrolla después de las tensiones parlamentarias por la legislación de discapacidad, que obligaron al oficialismo a revisar su estrategia frente a los aliados. Desde el Gobierno reconocen que buscan incorporar los recursos necesarios dentro del Presupuesto 2027 y cerrar el conflicto antes de avanzar con nuevas negociaciones.
La Casa Rosada considera que el costo fiscal de los entendimientos alcanzados en Diputados puede administrarse dentro de las previsiones presupuestarias. Sin embargo, dentro del propio oficialismo existen diferencias sobre el alcance de las concesiones que deberían realizarse para obtener el respaldo parlamentario.
El financiamiento de las universidades nacionales constituye otro de los asuntos centrales de la negociación. Las autoridades universitarias reclaman recursos superiores a los previstos por el Ejecutivo, mientras que el Gobierno analiza alternativas para acercar posiciones sin aceptar íntegramente las demandas presupuestarias del sector.
El Presupuesto 2027 contempla una partida de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores reclaman alrededor de $11 billones para garantizar su funcionamiento. La diferencia de $3,7 billones constituye uno de los principales puntos de conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario, que exige una mayor asignación de recursos para afrontar los gastos operativos y salariales.
Ante ese escenario, el Gobierno analiza dos alternativas para intentar alcanzar un entendimiento. La primera consiste en incrementar las partidas presupuestarias hasta un monto intermedio entre la oferta oficial y las necesidades planteadas por los rectores.
La segunda posibilidad contempla cambios en el régimen de contribuciones patronales que pagan determinadas universidades nacionales, con el objetivo de aliviar los costos de funcionamiento y las obligaciones previsionales de las instituciones.
En el esquema analizado, las universidades comprendidas en determinados regímenes previsionales podrían mantener condiciones más favorables y evitar una suba de sus contribuciones. Las alícuotas previstas para los subsistemas alcanzados pasarían del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027, aunque el Ejecutivo todavía no definió si modificará esa evolución ni mediante qué instrumento normativo.
El conflicto tiene, además, una derivación judicial. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición reglamentaria que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de fuentes de financiamiento. El Gobierno apeló esa resolución y continúa la controversia sobre la implementación de la norma.
Asignaciones sociales: el rechazo a eliminar las actualizaciones automáticas
Otro capítulo que genera diferencias está relacionado con la propuesta oficial de eliminar los mecanismos de actualización automática por inflación de distintas prestaciones sociales. El proyecto contempla modificaciones sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, otras ayudas sociales y las asignaciones familiares, cuyos mecanismos de ajuste están vinculados actualmente con la evolución de los precios.
Los bloques opositores y dialoguistas reclaman mantener el sistema vigente y cuestionan que esas prestaciones pierdan su actualización automática. La discusión tiene un impacto presupuestario directo, debido a que el mecanismo de movilidad determina cómo evolucionan los montos de los beneficios frente a la inflación.
Para el Gobierno, cualquier modificación que implique mayores desembolsos deberá encontrar compensación dentro del esquema de gastos previsto para 2027. Los bloques que cuestionan la iniciativa, en cambio, buscan conservar las herramientas de actualización establecidas en la legislación actual.
En paralelo, una de las discusiones sobre la distribución de recursos está vinculada con la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. El proyecto contempla para ese apartado aproximadamente $14,9 billones, con un incremento interanual del 163%, según los datos difundidos sobre la iniciativa.
Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos fondos pueda utilizarse para reforzar el presupuesto universitario y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El planteo busca identificar recursos dentro del propio proyecto que permitan atender las demandas sin incrementar necesariamente el gasto total previsto. Desde el Ejecutivo sostienen que esas partidas tienen finalidades específicas, vinculadas con compromisos ante organismos nacionales, provinciales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.
La discusión sobre esos recursos constituye uno de los puntos técnicos de las negociaciones, porque cualquier reasignación deberá determinar qué obligaciones dejarían de financiarse o qué partidas podrían modificarse sin alterar los compromisos contemplados por el Tesoro.
El Gobierno mantiene como condición que las modificaciones no afecten las metas fiscales. Los bloques aliados, por su parte, reclaman una distribución que permita atender los compromisos sociales y educativos incluidos en el debate.
Las provincias reclaman deudas previsionales, rutas y obras paralizadas
El Presupuesto también abrió un frente de negociación con los gobernadores, que buscan incorporar respuestas a los problemas financieros y de infraestructura de sus distritos.
Uno de los reclamos corresponde a las 13 provincias que mantienen cajas jubilatorias propias, cuyos gobiernos exigen que el proyecto contemple las deudas que atribuyen a Nación por el financiamiento de esos sistemas previsionales.
La cuestión tiene especial relevancia para los distritos que no transfirieron sus cajas a la administración nacional y que reclaman el cumplimiento de los compromisos vinculados con sus regímenes jubilatorios. A ese pedido se suma la necesidad de contar con fondos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023, otro de los planteos que los mandatarios provinciales trasladaron a la negociación presupuestaria.
Las demandas fueron expuestas durante la reunión que los gobernadores mantuvieron el 16 de octubre con Diego Santilli, en el marco de las conversaciones para acercar posiciones sobre el proyecto. Los recursos destinados a infraestructura aparecen así entre las condiciones que deberán discutirse antes de definir los respaldos legislativos.
Los números que necesita Milei para conseguir el quórum
Además de resolver las diferencias sobre el contenido del Presupuesto, La Libertad Avanza enfrenta la necesidad de reunir los votos para abrir la sesión. El oficialismo cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar al menos 129 legisladores presentes para obtener quórum.
Los bloques más cercanos al Gobierno —PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo— reúnen otros 24 integrantes. Con esa base, la estrategia libertaria apunta a ampliar los acuerdos hacia las bancadas vinculadas con gobernadores provinciales.
Entre los espacios que aparecen en las negociaciones figura Argentina Federal, con nueve diputados relacionados con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones. También los tres representantes de Elijo Catamarca, vinculados con Raúl Jalil, y otros tres de Independencia, relacionados con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
El oficialismo busca, además, acompañamiento dentro de Provincias Unidas, espacio que reúne legisladores de distintos distritos y en el que participan referentes cercanos a los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.